Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Estados Unidos llevó el avión a Florida el lunes, según dos funcionarios estadounidenses.

Se trata del último acontecimiento en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela, y su incautación en la República Dominicana marca una escalada a medida que Estados Unidos continúa investigando lo que considera prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela.

Los funcionarios han descrito el avión como el equivalente venezolano del Air Force One y ha sido fotografiado en visitas de estado anteriores de Maduro por el mundo.

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“Esto envía un mensaje a los altos mandos”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. “La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.

En un comunicado, el fiscal general Merrick Garland dijo que “el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”.

El avión, un Dassault Falcon 900EX, fue comprado a una empresa de Florida, según el Departamento de Justicia, y exportado ilegalmente en abril de 2023 desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. Fue utilizado para los viajes internacionales de Maduro y voló “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela”, según el Departamento.

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Los registros muestran que el último vuelo registrado del avión fue en marzo, volando desde Caracas a la capital dominicana de Santo Domingo.

El gobierno venezolano calificó la incautación como “piratería” en un comunicado el lunes y acusó a Washington de intensificar la “agresión” hacia el gobierno de Maduro luego de las controvertidas elecciones de julio.

“Una vez más, las autoridades de los EE.UU., en una práctica criminal recurrente que no podría etiquetarse de otra manera que como piratería, han confiscado ilegalmente una aeronave que ha sido utilizada por el presidente de la República, justificando su acción en las medidas coercitivas que, ilegal y unilateralmente, imponen alrededor del mundo”, indicó el gobierno.

“Estados Unidos ya ha demostrado que utiliza su poder económico y militar para intimidar y presionar a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos criminales. Este es un ejemplo del supuesto ‘orden basado en reglas’, que, desconociendo el derecho internacional, pretende instaurar la ley del más fuerte”, indicó.

Varias agencias involucradas

Durante años, las autoridades estadounidenses han intentado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares al régimen. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la segunda agencia de investigación más importante del gobierno federal, ha confiscado decenas de vehículos de lujo, entre otros bienes, que se dirigían a Venezuela.

“El avión fue incautado en violación de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y otros asuntos criminales que todavía estamos analizando con respecto a esta aeronave”, dijo a CNN Anthony Salisbury, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Un alto funcionario de República Dominicana dijo a CNN que el avión de Maduro se encontraba en territorio dominicano en mantenimiento en el momento en que fue incautado por las autoridades estadounidenses. La fuente agregó que el gobierno no tenía registro de que el avión privado de Maduro estuviera en el país hasta que fue incautado.

Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.

A principios de este año, Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela en respuesta al fracaso del gobierno de Maduro de permitir que se celebraran “unas elecciones inclusivas y competitivas”.

Tras la polémica reelección de Maduro el 28 de julio, Venezuela suspendió los vuelos comerciales hacia y desde República Dominicana.

Las agencias federales, incluida la HSI, llevan mucho tiempo persiguiendo al gobierno venezolano por sospechas de corrupción. En los últimos años, la HSI ha desmantelado 2,000 millones de dólares de ingresos o recursos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro, junto con 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores, de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción.

“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con (el grupo guerrillero de izquierda colombiano) las FARC, provocando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”, dijo en ese momento el entonces fiscal general William Barr.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maduro.

Denise Royal, Stefano Pozzebon, Abel Alvarado y Hannah Rabinowitz de CNN contribuyeron con este reportaje.