Por Ricardo Monzón Kcomt

En una decisión histórica que tiene como fin defender el sistema democrático del país, la justicia peruana resolvió en primera instancia declarar ilegal el partido político Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, cuyas siglas son A.N.T.A.U.R.O., acrónimo del exmilitar Antauro Humala Tasso, quien a inicios de 2005 asesinara a cuatro policías durante un levantamiento en la ciudad andina de Andahuaylas, a más de 750 km de Lima. Por este caso, denominado Andahuaylazo, fue condenado a 19 años de cárcel por los delitos de homicidio, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

Humala, quien era el líder de facto de la agrupación aunque no figuraba nominalmente en la línea de mando, pretendía usar esta plataforma política para postularse a las elecciones presidenciales de abril de 2026 y petardear el Estado desde adentro. En más de una ocasión había propuesto fusilar a sus rivales políticos, incluido su hermano, el ex presidente Ollanta Humala, investigado por actos de corrupción. “¡Carajo! Mi madre lo parió, salimos del mismo útero, pero traicionó pues. ¿Acaso yo soy mi hermano? Él traicionó y tiene que ser fusilado igual”, se le oye decir en un video difundido por TikTok en 2022, durante un acto proselitista.

En febrero de este año, durante una entrevista radial, señaló que para “moralizar a las Fuerzas Armadas” hay dos métodos, uno que “cuesta US$ 8.000 millones de dólares” y otro que “te cuesta dos cacerinas, porque fusilándose a dos generales y tres coroneles del Ejército en tres días se pone operativo”. Acto seguido, refiriéndose a la posibilidad de disolver el Congreso de la República, sostuvo que “un comandante general debería dar un golpe de Estado no anodino”.

Por esto y más, la Fiscalía de la nación peruana presentó ante la Corte Suprema la solicitud para declarar ilegal a A.N.T.A.U.R.O., acogiendo, a su vez, un pedido del congresista Alejandro Muñante, quien formuló la demanda en primer lugar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral del país, que, lamentablemente, se lavó las manos y decidió derivar el caso al terreno netamente judicial.

La Fiscalía argumentó que la agrupación de Humala promueve “actividades antidemocráticas” que “vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales”, y advirtió de que alienta un “discurso violento, de odio, discriminatorio”. Añadió que la agrupación política establece principios de nacionalismo fundamentado en “la estirpe”, en el que la nacionalidad se define únicamente por la sangre, excluyendo a quienes no sean afines con “lo autóctono”. En 2022, en una entrevista con El País, Antauro señaló que “el poder deben ejercerlo los de piel cobriza”.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Perú, que dictó el veredicto en mayoría, también decidió decretar la disolución del partido político y su anulación en el registro oficial del JNE, con lo cual también ordenó el cierre de sus bases a nivel nacional y se prohibió su reinscripción. Sin embargo, no resolvió inhabilitar a sus dirigentes. El fallo se basó en jurisprudencia adoptada a raíz de las figuras de los célebres genocidas Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Las decisiones judiciales se harán efectivas una vez que queden firmes, en última instancia. El congresista Álex Flores, integrante de A.N.T.A.U.R.O., anunció que apelará el veto, el cual consideró de “antidemocrático, inconstitucional y arbitrario”. El caso podría llegar al Tribunal Constitucional (TC) peruano, cuya presidenta, la magistrada Luz Pacheco, sostuvo una reunión el 21 de octubre con el propio Antauro y con su pareja sentimental y abogada, Carmen Huidobro, quien también fue condenada por el Andahuaylazo, lo que ha sido cuestionado por la ciudadanía.

A pesar de sus tremebundas declaraciones públicas, el 27 de octubre, pocos días antes de emitirse el fallo judicial con el veto de su partido político, la encuestadora Ipsos Perú dio cuenta de que en las proyecciones de intención de voto presidencial Antauro Humala se encontraba en el segundo lugar, solo detrás de Keiko Fujimori.

El proceso electoral recién será convocado en abril de 2025, es decir, dentro de cinco meses, pero Antauro no podrá postular al menos a la presidencia del Perú debido a que ya venció el plazo legal para hacerlo por otra agrupación. Sí podría intentarlo como invitado, pero para integrar el Parlamento, que desde el próximo quinquenio será bicameral.

De todas formas, llegará el momento en el que la ciudadanía ratifique la firmeza del sistema de justicia y jubile a Antauro Humala y sus prácticas con su voto, o le otorgue el poder para destruir el país. Corren las apuestas.