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FILE - In this Oct. 5, 2017 file photo, Department of Homeland Security personnel deliver supplies to Santa Ana community residents in the aftermath of Hurricane Maria in Guayama, Puerto Rico. The U.S. Government Accountability Office said Tuesday, Sept. 4, 2018 that 54 percent of FEMA personnel were not qualified for their position in October 2017, a month after the Category 4 storm hit the U.S. territory. (AP Photo/Carlos Giusti, File)
Puerto Rico. Desolación y olvido son las palabras con las que definen su realidad varios dominicanos residentes en San Isidro ubicado en el sector de Canóvanas, San Juan, quienes tras el paso del Huracán María que afectó significativamente su zona residencial, se encuentran en condiciones deplorables.
Purina Rojas, dominicana que reside actualmente en este país, es una de las afectadas por esta problemática y aunque ha recibido asistencia no gubernamental, todavía no posee en su pequeña vivienda remozada, servicios básicos como agua potable o electricidad.
La actual casa de Rojas está ubicada en una zona de alta vulnerabilidad, propensa a inundaciones y en un lugar donde las edificaciones son construidas sin obedecer a ninguna regulación de tierra o código de construcción.
Esta señora es constantemente informada que debe abandonar su humilde hogar porque el gobierno posee otras zonas para los damnificados por el fenómeno natural, pero que ella no se va porque ellos mismos la asustan para que no tome esa oportunidad.
Las casas que se ocupan en estos casos se llaman caseríos, un término despectivo que se refiere a un complejo habitacional de residencias o apartamentos conexos que frecuentemente son el escenario de pandillas, asaltos, tráfico de drogas y asesinatos.
«Yo misma he ido a reuniones y cosas, y me han dicho PERO ES PA’ CASERÍO, y entonces asustan a uno», añadió conmocionada Rojas.
Altagracia Yanira Pablo Ortega, es otras de las víctimas de esta situación, que junto a muchos otros moradores del lugar, no ha recibido ninguna ayuda federal por no poseer su título.
Ha sido tan poco el aporte o subsidio de la Agencia Federal de manejo de Emergencias (FEMA) tras la catástrofe en el caso de Ortega, que «ni siquiera he recibido una botella de agua».
Esta residente también de ascendencia dominicana, está sumamente disgustada con el tratamiento no sólo de la FEMA, sino también de las autoridades locales que no han hecho nada para mejorar su estado.
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De acuerdo con el portavoz de FEMA, Juan Rosado, por ley esta institución debe de verificar la posesión de una vivienda antes de cualquier desastre para determinar legitimidad de asistencia financiera necesaria para reparar la vivienda dañada.
Por otra parte, la Alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, dice que el pueblo hace todo lo posible para ayudar y que todavía se están atendiendo casos, pero que las personas que legalmente no son propietarias de las viviendas que ocupan, también residen en lugares muy húmedos donde no se puede construir.
Soto agregó que la reubicación de esta familias es un procedimiento que puede tomar un período de tiempo indefinido y representa una inversión millonaria. En respuesta a las condiciones actuales, la alcaldesa dijo que no sabe cuando los habitantes de esta zona podrán recibir el servicio de Agua.
El cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Franklin Grullón destacó que es consciente de la situación de la comunidad dominicana residente en San Isidro, pero indicó que cualquier ayuda que la embajada pueda hacer, es limitada por problemas migratorios.
