La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), urgió de la clase política dominicana un consenso que, de manera exclusiva, permita una reforma constitucional en las actuales circunstancias, con el único propósito de unificar las elecciones municipales de febrero, con las congresuales y presidenciales de mayo.

Trajano Potentini, presidente de la entidad cívica, lamentó que los políticos hoy se encuentren entrapados en su discurso y reciente lucha por de la denominada defensa de la constitución, para no permitir como interés primario una reforma que implicara el restablecimiento de la reelección, negando con ello toda posibilidad racional de mejorar y descongestionar el clima democrático y electoral que vive el país.

Justicia y Transparencia entiende que, en los actuales momentos, con innumerables tareas y retos para La Junta Central Electoral, de cara a la inminente implementación de las nuevas leyes electorales, constituiría un respiro logístico para la entidad comicial, la posibilidad de unificar las elecciones.

Para Potentini sin dudas que se trató del mayor desacierto de la reforma constitucional del 2010, hoy agravado con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos políticos, previstas para el 6 de octubre del presente año 2019, todo ello en fechas sucesivas, para celebrar 3 procesos eleccionarios en menos de un año, con la posibilidad de un cuarto proceso de segunda vuelta.

Aspectos negativos de la no unificación de las elecciones.

La FJT resaltó como puntos negativos de la no unificación de las elecciones, la falta de logística de parte la Junta Central Electoral (JCE), para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales en un tiempo record, el exorbitante gasto de unos 6 mil millones pesos de los bolsillos del pueblo dominicano, el eventual transfuguismo de quienes resulten vencidos por el estado de vulnerabilidad y desesperanza propio de los perdedores, el gasto y derroche de recursos prácticamente doble, que tendrán los paridos políticos en las reiteradas contiendas electorales, la mercantilización de la política haciendo más cara la democracia, todo ello sin contar el descrédito y la incertidumbre que traerían los consecuentes reclamos ante el Tribunal Superior Electoral.

Finalmente, la FJT pese a reconocer la necesidad de corregir e introducir otras mejoras al plano constitucional, tales como la Exclusión del Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura e integración del Rector de la UASD y del Colegio de Abogados para una matrícula de 9 miembros, Una Contraloría General de la República Autónoma e Independiente, entre otros, entiende que por el momento y en consonancia con los encarnizados intereses encontrados dentro y fuera de los partidos políticos, solo sería viable en las actuales circunstancia una reforma constitucional con el exclusivo propósito de la unificación de las elecciones .