La muerte a golpes de tres jóvenes, mientras se encontraban bajo custodia de la Policía, sigue generando reacciones de condena y rechazo de parte de una sociedad cansada de los abusos y atropellos de quienes desde su autoridad están llamados a protegerla.

Es por eso que esperamos y necesitamos que se cumpla la promesa que acaba de hacer el presidente Luis Abinader, quien se declaró consternado por la muerte del joven David de los Santos luego de ser apresado en una plaza comercial de Santo Domingo.

“Le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esta naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables”.

Ayer las comisiones de derechos humanos del Senado de la República y la Cámara de Diputados se sumaron a la indignación colectiva llamando al gobierno a detener los asesinatos de jóvenes en los cuarteles de la Policía, de la que exigió sacar a los criminales que han hecho carrera en la institución.

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Los hechos han demostrado, sin embargo, que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pues todos los esfuerzos que hasta ahora se han hecho para erradicar esa cultura de abusos y violencia en la Policía, que nunca han pasado –este es el momento de decirlo– de los titulares periodísticos y las declaraciones de intenciones de los funcionarios, han resultado previsiblemente infructuosos.

Y la consecuencia ha sido la impunidad, pues gobierno tras gobierno se ha permitido que cada vez que cruza esa línea la Policía se investigue a sí misma y determine las sanciones a los culpables, mediatizadas por la red de complicidades que allí imponen su ley.

Esa permisividad irresponsable, que también ha hecho posible que en la institución se enquisten estructuras de carácter mafioso, es la que ha creado el monstruo al que hoy no sabemos cómo someter a la obediencia de la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos que vivimos en democracia.