Virginia se convirtió el miércoles en el 23er estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte, en lo que representa un cambio radical para la entidad que hasta ahora tenía la segunda cantidad más alta de ejecuciones de todo el país.

La promulgación de las medidas fue la culminación de una batalla de años por parte de los demócratas que alegaban que la pena de muerte ha sido aplicada desproporcionadamente a personas de minorías étnicas, a los enfermos mentales y a los pobres. Los republicanos argumentaban que la pena de muerte debería seguir siendo una opción de sentencia para los delitos particularmente atroces y para hacer justicia a las víctimas y sus familias.

La nueva mayoría demócrata de Virginia, que tiene el control de la Asamblea General por segundo año, ganó el debate el mes pasado cuando el Senado y la Cámara de Delegados aprobaron las iniciativas que prohibían la pena capital.

El gobernador Ralph Northam promulgó las propuestas de la Cámara de Delegados y del Senado en una ceremonia realizada en una carpa el miércoles luego de visitar la cámara de ejecución del Centro Penitenciario de Greensville, donde 102 personas han sido ejecutadas desde que el procedimiento se trasladó allí desde la Penitenciaría Estatal de Virginia a principios de la década de 1990. “Hoy en día no hay cabida para la pena de muerte en este estado, en el Sur o en esta nación”, dijo Northam poco antes de promulgar la ley.

El gobernador añadió que la pena de muerte se ha aplicado desproporcionadamente a las personas de raza negra, y que es el resultado de un sistema judicial defectuoso que no siempre hace lo correcto. Desde 1973, más de 170 personas en todo el país han sido liberadas del pabellón de la muerte tras descubrirse pruebas de su inocencia, señaló Northam.

Virginia ha ejecutado a cerca de 1.400 personas desde sus días como colonia. En la época moderna, el estado sólo está detrás de Texas con la mayor cantidad de ejecuciones realizadas: 113 desde que la Corte Suprema restableció la pena capital en 1976, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro.