Por Isabella Alcaniz

Los desastres asociados al cambio climático –inundaciones, huracanes, incendios forestales– hoy afectan a todos los países del mundo. Frente a este tipo de emergencias, la asistencia del estado debería centrarse en las consecuencias del evento. Allí donde hay más daño –donde hay más poblaciones afectadas– debería haber más ayuda. Sin embargo, en tiempos de fuerte polarización política, la ayuda pública a damnificados también se ha politizado. Cada vez más, la asignación de asistencia y el apoyo ciudadano a esa ayuda no dependen de la magnitud del daño, sino también de prejuicios nacionalistas, étnico, raciales, y políticos. Conforme la frecuencia y magnitud de los desastres climáticos aumenta, aumenta también la cantidad de actores que demandan asistencia. Esta mayor demanda surge en un momento que el estado se retrae, y en muchos casos abandona sus funciones.

En este contexto ¿qué damnificado es digno de asistencia inmediata? ¿a quién debe priorizar el estado? ¿ciudadanos antes que a residentes extranjeros o migrantes? Esta discusión ha afectado la provisión de políticas de protección social, donde políticos (y votantes) suelen debatir quiénes son la personas ‘merecedoras’ de ayuda pública y quiénes, en cambio, son consideradas responsables de su propia situación y, por consiguiente, indignas de asistencia estatal.

Está demostrado que el apoyo a la distribución de recursos estatales varía según cómo se caracterice a los beneficiarios. Y esta lógica se ha extendido al área ambiental y, en particular, a la política de asistencia ante desastres climáticos. A medida que la emergencia climática se vuelve más intensa y costosa, la ayuda por desastres adquiere rasgos redistributivos similares a los de otras políticas sociales, y queda sujeta a evaluaciones sociales y políticas. En lugar de que la política pública funcione como un seguro (insurance) que cubre los gastos que deben afrontar las distintas poblaciones, la asignación de dineros públicos pasa a depender de quién es la víctima y cuál es su relación con los actores políticos.

En un estudio que hemos publicado recientemente, basado en una encuesta en Estados Unidos con sobremuestreo de personas latinas, analizamos las actitudes hacia la asistencia estatal tras los huracanes Harvey y María. Allí se exhibe que las personas afectadas por el huracán María en Puerto Rico son percibidas como menos merecedoras de gasto público que las víctimas del huracán Harvey en Texas. Esta diferencia persiste incluso cuando el nivel de daño fue mayor en Puerto Rico. Nuestro análisis indica que percepciones sobre ciudadanía, partidismo e identidad racial influyen en las preferencias sobre el tipo y el monto de la asistencia. Todo esto sugiere que quien es visto como digno de asistencia, no solo depende una categoría impuesta desde el grupo mayoritario, sino que también está mediado por identidades sociales y políticas.

Latinoamérica muestra dinámicas similares. En otro estudio, junto al experto Juan David Gelvez, documentamos como en Colombia, los municipios con población afrocolombiana reciben sistemáticamente menos asistencia gubernamental per cápita que municipios comparables sin esa composición racial.

La lógica de quién merece asistencia también aparece con fuerza en la opinión pública. En dos encuestas recientes realizadas en Colombia, los votantes de derecha muestran una menor disposición a apoyar esquemas de asistencia que benefician a comunidades afrodescendientes afectadas por desastres naturales. Esos mismos votantes no tienen problema con ser generosos en favor de otras comunidades afectadas. Las comunidades afrocolombianas son percibidas como menos merecedoras de recursos públicos entre los votantes de oposición al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Esto demuestra que en Colombia, la percepción de quién merece, funcionan como un filtro que condiciona el apoyo ciudadano a la asistencia estatal.

Encontramos resultados similares en otra encuesta que realizamos en Brasil. El respaldo a la asistencia estatal por desastres ambientales varía según el grupo social afectado. En particular, mostramos que migrantes afectados por desastres naturales son vistos como menos merecedores de recibir cualquier asistencia del gobierno brasilero. Al igual que en Colombia y en Estados Unidos, factores como la identificación política del encuestado marcan estas actitudes. Quienes se identifican con la izquierda tienden a mostrar mayor generosidad hacia todas las víctimas de desastres, mientras que los sectores de derecha son más proclives a apoyar un mínimo de asistencia estatal y solo cuando los beneficiarios son ciudadanos no racializados.

Estos distintos estudios muestran que la asistencia por desastres se inscribe en estructuras sociales que priorizan a las poblaciones afectadas según ciudadanía, identidad racial y alineamiento político. En un contexto de emergencia climática, donde los desastres naturales son cada vez más frecuentes, estas percepciones adquieren un peso creciente: la ayuda deja de ser excepcional y pasa a ocupar un lugar permanente en el gasto público. Entender a quién ven como merecedores de ayuda los políticos y votantes resulta necesario para analizar, tanto la distribución de los recursos como los límites políticos de la acción estatal.

Isabella Alcaniz, Universidad de Maryland – Red de Politólogas