Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados.

Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.

Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.

Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada.

Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza.

Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas.

En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante.

En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados.

Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino.

En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes.

El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado.

Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.

Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incumbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de honestidad y valor civil.

Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.

Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos.

En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-