La Defensoría Pública volvió ayer a sonar la alarma sobre la crítica situación de hacinamiento en que viven 26,076 privados de libertad dentro del sistema penitenciario dominicano.

Deterioro de infraestructuras, sobrepoblación, deficiencia de atención médica, problemas de alimentación, abusos, y todo lo malo que usted se pueda imaginar.

Todo eso que la situación de los privados de libertad (condenados y poreventivos) sea “no solo insostestenible, sino que también refleja una crisis humanitaria que requiere una intervención inmediata”, dijo el director de la Defensoría Pública Rodolfo Valentín, al presentar a los demás actores del sistema un informe sobre la Condición de Detención y Prisión realizado por la institución en el 2023.

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Resaltó que en la actualidad en las cárceles del país hay un excedente de 10,564 personas, equivalentes al 67.5% de la totalidad de presos.

Agregó que dentro de ese conglomerado hay 4,381 con alguna afección de salud que ameritan ser puestos en libertad.

De manera urgente recomendó mejorar las infraestructuras y equipamiento; segregación y mejoras en la seguridad; suministro de medicamentos; atención a reos con patologías mentales; mejoras en la alimentación y saneamiento, y ejecución de programas educativos y laborales, entre otras.

“Este es un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen de manera decisiva y pronta: Es necesario que la Procuraduría general, Salud Pública, el Poder Judicial y otras entidades involucradas, asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de los privados de libertad, garantizando un entorno que favorezca su rehabilitación y reinserción social”, dijo Valentín.

Puntualizó que es “imperativo” que se implemente las medidas , se habiliten áreas para los enfermos y se les dé seguimiento.