El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, resaltó este lunes la necesidad de que el sistema de justicia mantenga el yate “Balbie” como una evidencia del caso de sobornos de Odebrecht para que sea un tribunal que decida sobre su destino.
“Es una evidencia del caso Odebrecht y así debe de mantenerse”, manifestó Camacho sobre una acción de amparo que procura la devolución de la embarcación propiedad del imputado Víctor Díaz Rúa y que fue incautada en el transcurso de la investigación.
El titular de la Pepca se refirió al tema al responder preguntas de los periodistas sobre la acción de amparo que se conoce este lunes en la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El órgano persecutor de la corrupción señaló que durante los ocho años consecutivos en que Díaz Rúa ejerció funciones en el Estado recibió sobornos para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht con la adjudicación de contratos millonarios de importantes obras gubernamentales.
Indicó que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular de Obras Públicas desde 2007 hasta 2012.
Precisó que Díaz Rúa también utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo, entre ellos el yate de recreo marca Pershing de 60 pies de eslora, bautizado como “Balbie”.
Sobre el juicio contra los seis encartados que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, detalló que este lunes continúa declarando la sexta testigo, María del Carmen Álvarez, y que los fiscales están prestos para incorporar un informe societario que involucra compañías del acusado Andrés Bautista García.
Dijo que posteriormente continuarán incorporando más evidencias con el resto de los testigos del Ministerio Público, que son 28 en total.
El imputado Díaz Rúa es procesado por los US$92 millones en sobornos que distribuyó la constructora brasileña Odebrecht en el país para lograr la adjudicación de obras públicas. Por el caso también son enjuiciados Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.