Cuando la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designó como directora general de Persecución de la Procuraduría General de la República a Yeni Berenice Reynoso , el Consejo Superior del Ministerio Público puso bajo la responsabilidad del procurador adjunto Wilson Camacho la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de forma interina en sustitución de Laura Guerrero Pelletier, quien había puesto el cargo a disposición de sus superiores.

El exjuez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Comercial, Robert Plasencia, explicó que la Ley Orgánica del Consejo del Ministerio Público establece que dicho cargo, entro otros, son designados por concurso y evaluados por cuatro, los cuales podrán ser ratificados «previa evaluación. Lo que le da legitimidad para continuar en la posición».

«Eso puede ser un elemento que afecta la imagen del Ministerio Público, porque crea un problema a lo interno y hacia afuera, porque en cierta forma hay problema de legitimidad, porque si la ley establece un requisito y no se cumple entonces no se tiene la legitimidad», aseguró el magistrado.

Plasencia, quien en reiteradas ocasiones citó la ley durante una entrevista con el periódico Hoy en exclusiva, cree que si Camacho continúa en el cargo sin pasar por una evaluación previa, sería visto por los demás compañeros «como que existe cierto privilegio a lo interno del Ministerio Público; lo que podría generar una rebelión interna».

«Entonces, hacia afuera, el mensaje también es negativo, porque pudiera cuestionarse la legitimidad del ejercicio si sigue más allá del período sin haberse evaluado previamente, porque es una condición de la ley que de (el fiscal adjunto) debe ser evaluado. O sea, la posibilidad de renovación por cuatro años más significa que hay una condición», subrayó Plasencia, quien además se desempeñó como juez de la Suprema Corte de Justicia.

El exjuez dijo, además, que pese a que el sistema judicial ha avanzado en la República Dominicana a diferencia de otros países, sobre todo con lo que tiene que ver con la mora, existen jurisdicciones que necesitan de mayores recursos.

«Se viola la ley» al no asignársele al Poder Judicial el presupuesto que le corresponde, entiende el magistrado, quien añadió que dicha rama del Estado ha avanzado; no así con los aplazamientos en materia penal.

«Es del sistema judicial. Pero hay una parte del sistema penal que depende del (Poder) Ejecutivo. Por ejemplo, yo he escuchado problemas en los que no presentan el imputado porque no hay vehículos para transportarlo. Y en un momento determinado la honorable magistrada (Miriam Germán Brito) llegó a pronunciarse contra eso, de que no hay recursos suficientes. Y ese es un problema», aseguró Pasencia.

De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la ratificación y permanencia de Camacho al frente de la Pepca, como garantía de dar continuidad a los diferentes sometimientos e investigaciones en curso sobre corrupción pública.

Para la entidad cívica, constituiría un verdadero despropósito, un revés para la lucha contra la corrupción, el prescindir de los servicios del señor Camacho al frente del Pepca, máxime por tratarse de varios expedientes y procesos en curso, sobre temas delicados, que hoy bajo su dirección llevan más de dos años estudiándose e investigándose, con decenas de interrogatorios, diligencias procesales, medidas cautelares y toda una estructuración de expedientes próximos a ser presentados, que indefectiblemente ante su ausencia quedarían en un limbo transitorio.