En enero de 2023, Ecuador dio un paso significativo hacia la igualdad de género con la aprobación de la «Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta». Esta legislación innovadora busca promover la participación equitativa de las mujeres en la economía y el mercado laboral, abordando problemas persistentes como la discriminación, la brecha salarial y el acoso sexual en el trabajo.

La ley introduce una serie de medidas concretas para fomentar la igualdad de oportunidades. Entre ellas destaca la obligación para empresas con más de 50 empleados de implementar planes de igualdad, que deben incluir estrategias para eliminar la discriminación y promover un trato equitativo. Además, se crea un distintivo para reconocer a las empresas que se destaquen por sus políticas de igualdad.

En el ámbito tributario, la ley establece incentivos para la contratación de mujeres, permitiendo deducciones adicionales en las remuneraciones y beneficios sociales por la creación de nuevos puestos de trabajo para mujeres. Este beneficio se amplía según el tiempo de permanencia de la trabajadora y el porcentaje de mujeres contratadas.

La legislación también aborda la conciliación entre vida laboral y familiar. Se permite que madres y padres acuerden compartir la licencia de maternidad, y se extiende la jornada reducida por lactancia a 12 meses. Además, las empresas con más de 50 empleados deberán facilitar servicios de cuidado infantil.

Un aspecto crucial es la promoción de la igualdad salarial. La ley establece el principio de «igual remuneración por trabajo de igual valor», definiendo criterios para determinar cuándo dos trabajos son equivalentes. Esto busca combatir la discriminación salarial basada en género.

En el ámbito corporativo, se introduce una cuota de género para los directorios de las empresas, requiriendo que al menos una de cada tres posiciones sea ocupada por una mujer cuando el directorio tenga tres o más integrantes.

Esta ley representa un enfoque integral para abordar la desigualdad de género en el ámbito económico, combinando incentivos fiscales, regulaciones laborales y medidas de acción afirmativa para crear un entorno más equitativo para las mujeres en el mercado laboral.

Aunque sabemos que la legislación por sí sola no erradica completamente las desigualdades, especialmente una tan profundamente arraigada en la sociedad, la Ley de Economía Violeta representa un paso contundente en la dirección correcta al abordar simultáneamente las múltiples barreras que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral.

República Dominicana podría beneficiarse enormemente de estudiar y adaptar elementos similares a nuestro contexto. La combinación de incentivos positivos con regulaciones obligatorias podría ser particularmente efectiva para impulsar cambios en el sector privado dominicano.

En esta nueva etapa de gobierno del presidente Luis Abinader tenemos una oportunidad única, por lo que insto y exhorto a los y las tomadoras de decisiones, y en especial a los y las legisladoras que asumirán sus funciones a partir del 16 de agosto, a estudiar detenidamente esta ley ecuatoriana y su reglamento. El momento es propicio para adaptar e implementar una legislación inspirada en la Ley de Economía Violeta de Ecuador.

Avanzar hacia una «realidad violeta» – una economía genuinamente inclusiva y equitativa – requiere del compromiso y la acción coordinada de todos los sectores. El gobierno, las empresas y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para hacer realidad esta visión. La experiencia ecuatoriana nos muestra que es posible crear un marco legal que, además de promover la igualdad, también ofrezca beneficios tangibles a las empresas que adopten prácticas más equitativas.

Con voluntad política y enfoque colaborativo, podemos construir un futuro más justo y próspero para dominicanos y dominicanas. Es hora de que República Dominicana emprenda una transformación decisiva hacia la igualdad de género en el ámbito económico. ¿Y si copiamos lo bueno?