Hoy 
El Poder de los ejercicios de autoridad y dirección del Estado, que es el Ejecutivo, debe asumir un arbitraje categórico para el retorno a la normalización de asistencias en salud en nombre de las únicas víctimas que realmente causa el cierre absoluto de acceso a la protección de las ARS que son los asegurados que no han dejado de enfermarse estando bajo el fuego de la protesta médica, enfrentando por meses la negación de atenciones sanitarias, las que tienen que sustituir con excesivos pagos de bolsillo.
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Están sobre la mesa los documentos que certifican las limitaciones financieras que impiden complacer en todo a los profesionales. El sistema tiene una dinámica con sujetación a obligaciones de una ley consensuada para hacer posible el mayor número de atenciones a los afiliados, las tarifas de cobertura y el costo mensual de pólizas que descansa sobre las espaldas de afiliados y empleadores.
El nivel de concesiones pretendido por los demandantes agremiados, y radicalmente liderados, va en dirección a la inviabilidad de las prestaciones y una desprotección completa de los afiliados. Ya perjudicados por la libertad que disfrutan quienes protestan a imponer duros copagos además de ejercer el derecho a pertenecer o no a esta seguridad que en tal sentido desfavorece a un pueblo al que el Gobierno debe salir a defender con pragmatismo y equilibrio. Porque es su obligación hacer valer el interés de la sociedad por encima de lo particular de personas o sectores.
