La directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, requirió ayer a los legisladores colaborar para que la nueva Ley de Trata de Personas sea aprobada de urgencia cuando llegue al Congreso, y planteó además la necesidad de que se regule el negocio de las criptomonedas, el cual dijo, tiene un gran impacto en ese delito.

Dijo que con las reformas introducidas a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas no buscan disminuir las garantías del Estado de derecho del imputado, sino igualarlo con el de la víctima.

“Debemos entender que el proceso existe porque existen víctimas; que el debido proceso y el Estado de derecho no es solo de los imputados sino para todos, consecuentemente, las víctimas de Trata de Personas no pueden ser “sujeto de piedra” en el proceso penal”, dijo.

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La procuradora general adjunta habló en esos términos en la Mesa de Diálogo organizada por Participación Ciudadana (PC), la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, y el Ministerio Público, con el tema “Hacia una nueva legislación en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”.

Dijo que el sistema legislativo dominicano y, por vía de consecuencia, jurisprudencial, tiene un enfoque delimitado que hay que cambiar. Señaló que mientras en el Código Procesal Penal del 2004 algunos de los derechos de las víctimas son casi nulos, la Ley de Trata se enfoca en quien comete el delito.

“Entonces, una de las propuestas que hacemos desde el Ministerio Público en el proyecto de ley es para reforzar ese sistema de garantías para las víctimas, para que no sean revictimizadas por el sistema que no le reconoce sus derechos aún cuando son víctimas de un delito que como el de Trata de personas deja una secuela que las marcan, las laceran, tan enormes, que tenemos que protegerlas de ellas mismas”.

La nueva ley contempla penas de hasta 40 años.