La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró este lunes que el Ministerio Público está en plena condiciones de conocer el proceso del Caso Pulpo, al tiempo de resaltar que los fiscales investigadores han obtenido cientos de pruebas nuevas en contra de los imputados.

“Pero, no solo en las condiciones iniciales, cuando presentamos la solicitud de medidas de coerción, sino que hoy el Ministerio Público tiene cientos de pruebas nuevas que en el proceso hacen que la situación de los imputados sea cada día más grave frente al proceso”, enfatizó la directora general de Persecución del Ministerio Público.

Insistió en que las condiciones que tiene el Ministerio Público hoy son mucho más complejas que cuando presentó la solicitud de medida de coerción, debido a la gran cantidad de evidencias que ha obtenido en allanamientos y diversas diligencias posteriores.

Reynoso declaró que, aunque el Ministerio Público agota una fase en la que se reservará muchos detalles, en la investigación sobre la Cámara de Cuentas los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encontraron evidencias que vinculan a imputados del Caso Pulpo y que agravan su situación jurídica en el proceso.

También, que el Ministerio Público tiene evidencias de que los implicados en el Caso Pulpo han hecho maniobras para ocultar y destruir pruebas, “y eso, frente al proceso, el legislador manda a que se sancione con una medida que garantice que esas evidencias no van a ser destruidas”.

Añadió, que, en este caso, la prisión preventiva será la única medida que garantiza que los imputados respondan ante la sociedad por los delitos cometidos, “todos de naturaleza grave”. “No hay ni una razón que haya variado en favor de los imputados. Si han variado las condiciones todas, ha sido para que su situación en el proceso sea mucho más compleja”.

Aseguró que habrá más personas sometidas a los tribunales por el Caso Pulpo. La magistrada Reynoso habló con los periodistas tras concluir la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los once encartados que fueron sometidos a la justicia en diciembre pasado.

El Ministerio Público solicitó al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu, que no se conociera la revisión de la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra seis de los imputados porque ya la misma había sido ratificada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en enero pasado.

No obstante, el juez Martínez Abreu decidió revisar la medida a los once procesados en una audiencia que aplazó para el próximo jueves 4 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana.

La medida será revisada a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien desde el pasado mes de diciembre cumple prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

A Alexis Medina se le atribuye ser el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.

Además será revisada la misma medida de tres meses de prisión preventiva que cumplen en dicho recinto penitenciario Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernabel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.

También, el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y de Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

Igualmente, el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

La investigación del Caso Pulpo está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.