EFE 
Brasilia. EFE. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y representantes de los países de América Latina acordaron ayer un Plan de Acción para proteger a los perseguidos y desplazados de la región, con énfasis en la situación de violencia que sufre América Central. El Plan de Acción, adoptado junto con una declaración conjunta, fue resultado de dos días de debates realizados en el marco de una conferencia clausurada ayer en Brasilia que celebró el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. ACNUR y la treintena de países latinoamericanos representados en la conferencia alertaron sobre la violencia de las pandillas que han desplazado a miles de niños y adolescentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
“Expresamos nuestra preocupación por la vulnerabilidad y el incremento de niños y adolescentes inmigrantes, acompañados o no, que deben tener derecho a protección internacional” en esa región, dice la declaración. En ese sentido, el portugués Antonio Guterres, titular de ACNUR, reiteró en la clausura de la conferencia que los Estados de América Central deben fortalecer su cooperación para combatir a “esos grupos de delincuentes armados” y reforzar la protección de los niños y adolescentes. En ese marco, el Plan de Acción propone que, con apoyo del resto de América Latina y ACNUR, se realicen “acciones coordinadas con instituciones de derechos humanos e instancias estatales” para que se garantice la atención de los niños y se propicie la reunificación familiar en aquellos casos en que fueron alejados de sus padres. Durante la Conferencia Cartagena+30, los países de América Latina y el Caribe también acordaron promover acciones para resolver en un plazo de diez años la situación de los apátridas que viven en la región. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, por lo que los apátridas “sufren una violación de ese derecho individual”, afirma la Declaración de Brasilia.
Sobre RD.- El caso más conflictivo en América Latina a ese respecto se presenta en República Dominicana debido a un fallo dictado en 2013 por el Tribunal Constitucional de ese país, según el cual los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en suelo dominicano no tienen derecho a la nacionalidad. Esa sentencia, según datos de la ONU, despojó de la nacionalidad y dejó como apátridas a unas 200,000 personas nacidas en territorio dominicano, en su enorme mayoría descendientes de haitianos. El Plan de Acción adoptado en Brasilia también establece que los países latinoamericanos elaborarán un estudio sobre “los desafíos generados por el cambio climático».
