¿Dónde está el problema?

– Por mas vueltas que le doy no acabo de entender por qué el doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, una institución que maneja fondos públicos, se resiste a que la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado indaguen sobre la forma en que se utilizan esos recursos, y mucho menos que quiera vincular esas pesquisas al interés del Poder Ejecutivo de “controlar” el organismo electoral. ¿Acaso no está la JCE obligada a cumplir con la ley que procura rodear de total transparencia los procesos de compras y contrataciones que ejecutan todas las instituciones del Estado? ¿Cómo no coincidir con el Contralor General de la República, Rafael Germosén Andújar, cuando afirma que donde quiera que vaya un centavo del Estado está facultado para supervisar esos fondos, incluidas las instituciones del gobierno central así como las autónomas y descentralizadas? Llama la atención la hipersensibilidad del presidente de la JCE, el celo casi enfermizo con que defiende “su” territorio, sobre todo cuando se piensa en el protagonismo que desde unos meses para acá lo han convertido en una de las voces más beligerantes del neonacionalismo antihaitiano que tanto daño le ha hecho al país y a su imagen internacional, a tal punto que muchos de sus pronunciamientos y declaraciones han invadido, sin ningún miramiento ni rubor, ámbitos propios del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. De todas maneras, y sin importar lo que diga la ley sobre cuál es el organismo que tiene calidad para fiscalizar las finanzas de la JCE, si es verdad que durante su gestión esos recursos han sido manejados con absoluta pulcritud y honestidad, como dice y repite el doctor Rosario, ¿por qué no permitir que la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado le den la razón y con ella le calle la boca para siempre a sus críticos y acosadores?