Dolorosa realidad

El país conmemora este Día Mundial del Sida con unas estadísticas de exclusión que hablan con elocuencia de la falta de una política efectiva de prevención, que permita disminuir los índices de contagio.

Según la Organización de las Naciones Unidas, en la República Dominicana solo un 5% de los infectados de Sida tienen acceso a tratamiento anti-retroviral. Esta proporción tan baja explica que es muy poco lo que se está haciendo para prolongarle la vida a la gente que ha tenido la desdicha de haberse contagiado.

Las estadísticas del Grupo Temático ONUSIDA sostienen que hay disponibilidad de medicamentos para tratamiento a un costo de US$1.00 por día o menos por persona, pero esos medicamentos no llegan hasta quienes los necesitan por causas que deberían explicar con claridad las autoridades.

No hay duda de que esta política excluyente tiene que estar abonada por una aberrante discriminación contra los enfermos de Sida, que en su mayoría son jóvenes en la mejor etapa de su capacidad productiva.

La actitud oficial ante el avance arrollador del Sida deja la impresión de que no considera este problema como un asunto de salud pública demasiado grave como para tratarlo con paños tibios y retórica. Es evidente que abundan los discursos y faltan las acciones, y que es muy pobre la inversión destinada a prolongarle la vida a los infectados. El Gobierno, desde luego, no es responsable del alto índice de contagio que predomina en el país, aunque podría hacer mucho por disminuirla mediante campañas de orientación que vayan más allá de promover el uso del preservativo.

Así como ocurre con cualquier otra enfermedad, como la polio o el sarampión, el dengue o el tétanos, cada contagio de Sida tiene que ser asumido como una responsabilidad que debe ser atendida por el Gobierno.

Aún cuando se trata de una enfermedad mortífera, está probado que ciertos tratamientos ayudan al paciente a tolerar mejor la enfermedad, lo que se traduce en una prolongación de la vida. No se entiende cómo, a sabiendas de ésto, el Gobierno mantiene excluído a un 95% de los contagiados registrados.

Ante el alto índice de contagio que predomina en el país, se hace necesario que el Gobierno revise sus programas de prevención y de asistencia a los contagiados. Hay que enfatizar más en la prevención, no sólo repartiendo preservativos en las escuelas, sino además llevando orientaciones efectivas sobre los riesgos de contagio implícitos en la relación sexual promiscua y sin la debida protección. Entre los adolescentes que se inician en la actividad sexual está el mayor riesgo de contagio y multiplicación de la enfermedad y es en ese segmento poblacional, generalmente de estudiantes, en el que hay que reforzar la prevención.

También hay que mejorar los registros de casos de contagio y hacer todo lo necesario por incrementar la proporción de infectados que reciben tratamiento.

El Sida es un grave problema de salud pública, una realidad social de los tiempos modernos, y el Gobierno tiene que afrontarlo como tal, sin exclusiones ni discriminaciones que no tienen razón de ser y que son una denegación del derecho a la asistencia del Estado. Abogamos por menos discursos y más acción.