El gran traidor de la patria es el Gobierno dominicano. Las evidencias sobran. Ha permitido por un siglo la migración indocumentada haitiana para ganancia empresarial en un sistema de sobre-explotación de la mano de obra. Ha tomado préstamos excesivos con intereses onerosos que restringen la soberanía económica y chupan sangre al pueblo. Ha firmado contratos leoninos con multinacionales como el de la Barrick, denunciado por el propio Danilo Medina como “inaceptable”. Prevalece un desorden administrativo que sustenta la corrupción y el clientelismo donde se enriquecen pocos y empobrecen muchos. Y ahora el Gobierno justifica la Sentencia 168/13 a nivel nacional e internacional con argumentos espurios. Veamos.

Primer argumento espurio: la Sentencia 168/13 fue emitida por el Tribunal Constitucional, máxima autoridad en materia constitucional, y su decisión es inapelable. ¿Anjá? ¿Quiere decir que un tribunal constitucional puede emitir una sentencia con serios problemas de legalidad e injusticia, y hay que aceptarla sin más ni más? En el mundo democrático la injusticia es apelable y debe denunciarse. Si el Gobierno dominicano permitió por cien años la migración ilegal haitiana, no puede ahora hacerse víctima de las consecuencias sociales. Para solucionar el tollo migratorio hay que encontrar caminos justos y legales.

Segundo argumento espurio: los críticos de la Sentencia opinan sin conocerla. ¿Anjá? Muchos críticos no la habrán leído, pero tampoco muchos defensores. Recuerden, en la tradición dominicana hasta los legisladores declaran no haber leído las leyes que aprueban. Ahí está el contrato Barrick: lo aprobaron como maravilla y resultó ser un desfalco. Se modificó porque Danilo Medina necesitaba dinero.

Tercer argumento espurio: en el país hay un desorden con las actas de nacimiento y muchas son falsas, incluidas todas las actas emitidas a los descendientes de inmigrantes indocumentados. ¿Anjá? ¿Qué mafias pueden constituirse desde 1929 sin complicidad de las autoridades gubernamentales? ¿Estamos ante un Estado fallido?

Si hay actas falsas, los responsables principales son las autoridades gubernamentales que han permitido el desorden administrativo; igual hay títulos de tierra falsos, como el controvertido caso Bahía de las Águilas. La ley hay que aplicársela a los funcionarios gubernamentales que han promovido estafas para beneficio propio. No despojar de nacionalidad a varias generaciones de descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en territorio dominicano que no estaban “en tránsito” en ninguna versión del diccionario.

Cuarto argumento espurio: la Sentencia expresa la soberanía dominicana en materia de nacionalidad. ¿Anjá? ¿Y quién ha sido el promotor de la migración ilegal durante más de un siglo? No fueron las ONG ni la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, que ni siquiera existían durante la mayor parte del siglo 20. El tráfico ilegal de inmigrantes haitianos lo ha permitido el Gobierno dominicano a espaldas del pueblo para beneficio empresarial. ¿Algún ex presidente dominicano ha sido juzgado por este crimen de lesa soberanía? ¡Oh no! Ellos son inmunes y la soberanía solo la invocan cuando les conviene políticamente.

Por todas estas razones, por más que resuenen los trabucazos seudo-nacionalistas, las autoridades dominicanas harán el ridículo ante el cuestionamiento internacional.

El problema de la campaña montada por el Gobierno en defensa de la Sentencia 168/13 es que parte de que: 1) el mundo es estúpido, 2) no conocen la historia, y 3) dando boches acallarán la crítica.

El mandato de la Sentencia 168/13 es claro: registrar como extranjeros a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929. Queda por saber qué hará el Gobierno después que los declare extranjeros. ¿Los deportará? ¿Les dará la nacionalidad? ¿O los dejará vegetando a su suerte?