1.- Como militante partidista

El presidente de la Junta Central Electoral se destapó esta semana como todo un experto en derecho constitucional y proclamó que para restablecer la reelección presidencial consecutiva se requieren cinco leyes y una considerable inversión para viabilizar un referendo aprobatorio que cotiza entre 500 y 800 millones de pesos.

Roberto Rosario echó un balde de agua fría sobre sus compañeros de partido que acarician la posibilidad de una nueva reforma de la Constitución de la República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por la reelección consecutiva y atizó una polémica pública al descubrir algo que se le había escapado a los expertos en derecho constitucional, que el establecimiento de la reelección consecutiva requeriría de un referendo aprobatorio.

Según el presidente de la JCE, además de la ley de convocatoria de la asamblea nacional y la aprobación de la misma, sería necesaria una ley orgánica del referéndum. Estas tres requieren dos tercios de los votos. Luego vendría el referendo para lo cual, Rosario precisa, se necesitaría una ley para transferirle el costo.

Hay quienes no favorecen el restablecimiento de la reelección consecutiva, no porque le falten méritos al presidente Medina, sino porque sería una ratificación de la indigencia institucional que ya cuenta 39 reformas de la Carta Magna, casi todas relacionadas con la continuidad de nuestros caudillos.

Pero no corresponde al presidente de un órgano operativo, por elemental prudencia, invadir las jurisdicciones del Poder Legislativo, ni tampoco del Tribunal Constitucional, al que se permitió trazarle pauta. «Actuó como militante de un partido, olvidando que es el árbitro de las elecciones», dijo nada menos que el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE, Danilo Díaz, en su cuenta de Twitter, citado por Diario libre. Rosario fue electo al cargo que ocupa siendo miembro del Comité Central del partido gobernante. Tremendo árbitro.

2.- Apoyo a posible sicario

Lo resaltó ayer este periódico como su principal titular: El Partido Revolucionario Dominicano dará «su apoyo técnico necesario» a su regidor Erinsson de los Santos, en manos de la justicia bajo acusación de encabezar una banda de sicarios a la que se le atribuyen los asesinatos de cinco dirigentes de choferes. El apoyo lo anunció nada menos que el abogado Salim Ibarra, secretario de Asuntos Legales de ese partido.

Es obvio que el PRD, ni nadie, puede condenar de antemano al acusado, pero tras los cargos policiales un partido que se respete no puede ofrecer ayuda de ningún tipo para dirimir una acusación de ese calibre. Un absurdo que no se vería en ningún país del mundo civilizado.

3.- La última infamia

Ya no se sabe qué nueva infamia se van a inventar los que desde hace años tratan de descalificarme y estigmatizarme, lo que no ha respetado a mi esposa y hermanos. La última es de una distinguida comentarista que me atribuye haberle negado apoyo al mártir de la libertad de expresión Orlando Martínez, antes de su asesinato en 1975 cuando supuestamente yo era presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP). Dice que lo traté con desdén por lo que rompió su carné del sindicato y me lo tiró. Y hasta que a lo mejor pude haber evitado su muerte.

Nunca fui presidente del SNPP, porque ese cargo no existía. Fui secretario general solo en el período 1972-73. Me sucedió Pedro Caba y luego Danilo Rodríguez, quien lo era en 1975, cuando mataron al compañero Orlando, con quien tuve buena relación hasta su último día, como con sus padres, don Mariano Martínez y doña Adriana Howley, hasta sus respectivos fallecimientos. Ella me trataba «como si fuera Orlando». Pregúntenle a su hijo Sergio Martínez Howley, que afortunadamente aún vive.