SAN JOSÉ. Costa Rica va a elecciones generales el domingo bajo una polarización sin precedentes entre la derecha y la izquierda, pero con una cuota elevada de indecisos que podría llevar a una segunda vuelta con sorpresas.

El exalcalde capitalino Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, derecha), y el joven diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA, izquierda), libran una cerrada disputa en la que uno u otro aparecen arriba o en empate virtual, según la encuesta.

Pero pisándoles los talones están el historiador Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro) y el empresario Otto Guevara, del Movimiento Libertario (derecha).

Un caudal de indecisos, que en vísperas de la votación ronda el 30%, y lo dividido de las preferencias hace muy probable una segunda ronda el 6 de abril si ninguno logra al menos el 40% de los votos, entre dos de esos cuatro candidatos, según las sondeos.

Unos tres millones de costarricenses están llamados a elegir al relevo de la presidenta Laura Chinchilla y a renovar el Congreso -57 diputados-, para gobernar por cuatro años este pequeño país centroamericano de 4,3 millones de habitantes, reconocido por su arraigo democrático.

La izquierda, la revelación. En un país tradicionalmente conservador, la sensación de estos comicios fue el ascenso vertiginoso de la izquierda, al punto de amenazar a los partidos mayoritarios, sobre todo al PLN, que junto con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, conservador) dominó hasta hace poco la política costarricense por más de medio siglo. Villalta, un abogado de 36 años que se dio a conocer en protestas en favor del ambiente y contra la corrupción, saltó de ser el único diputado del FA a candidato con opción de triunfo.

«Esto en Costa Rica es la cosa más atípica que jamás pudimos imaginar. Villalta es el rostro de la protesta, el muchacho que le escupe la cara al poder en una sociedad molesta y desencantada. Es la razón de su crecimiento exponencial», afirmó a AFP el analista Víctor Ramírez.

Durante la campaña, Villalta fue blanco de acusaciones de sus adversarios, principalmente de Araya, que lo tildaron de «comunista» y de querer para Costa Rica la Venezuela de Hugo Chávez. «Me dicen comunista porque no me pueden decir corrupto», se defiende Villalta, quien dijo a AFP no querer copiar modelos sino impulsar el «socialismo a la tica», de justicia social en democracia y con respeto a las libertades.

Continuidad o cambio: los retos. El nuevo presidente, que asumirá el 8 de mayo, debe encarar una economía asfixiada por un déficit fiscal del 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un seguro social -pilar del sistema democrático costarricense- en crisis y el colapso de obras de infraestructura, como las carreteras.

El gobierno de Chinchilla tocó fondo con una impopularidad de más del 60%, señalado por ineficiente y por sonoros escándalos de corrupción. Expertos afirman que aquí está en juego la continuidad o cambio del modelo neoliberal aplicado durante los últimos 30 años por el PLN y el PUSC, que abrió la economía, pero deterioró los avances en salud y educación que destacaron al país.

«Se está jugando, por un lado, una revisión del modelo de gobernabilidad y, por otro lado, de las políticas públicas que tienen que ver con la generación de riquezas y equidad social», dijo a la AFP el analista político Jaime Ordóñez.

Destacada siempre como una sociedad igualitaria, Costa Rica, que en 20 años no ha podido bajar el nivel de pobreza del 20%, fue en 2012 el país latinoamericano que más creció en desigualdad, según el informe Estado de la Nación.

«Acabaré con la larga noche neoliberal», promete Villalta. Araya, aunque arrastra el desgaste de dos gobiernos consecutivos del PLN y dice reconocer los errores de Chinchilla, presenta a su favor lo que según él es una exitosa gestión de 22 años como alcalde de San José.

Analistas opinan que la aceitada maquinaria del PLN podría pesar en la jornada de votación. Tampoco descartan que la polarización incline a buena parte de los indecisos hacia una opción de centro como Luis Guillermo Solís, quien en las últimas semanas creció significamente en los sondeos. En un país que abolió el ejército hace 65 años, la seguridad del proceso estará a cargo de 3.500 policías.