Es difícil afirmar categóricamente que las autoridades judiciales que pretextan propósitos de investigación legal cuidan los límites erigidos bajo la declaración universal de derechos para que -excepto en bien fundados motivos para la sospecha- la vida y particularidades de las personas estén protegidas de injerencias. Resultan preocupates las sañales de que el espionaje telefónico al alcance de mecanismos oficiales para hurgar privacidades ha salido riesgosamente de cauce en perjuicio de ciudadanos desconectados de incriminaciones. En algunos sonados casos se ha motivado a la opinión pública a suponer interés de observar, con prejuicios y atropello de los usos permitidos, detalles no públicos de personalidades. Extrañas confusiones sobre pertenencias de líneas telefónicas intervenidas mueven a escepticismo.

Los criterios para intromisiones mediante pinchazos a teleconexiones de ciudadanos que deben estar vedadas a exploraciones de la sinrazón quedan bajo examen de una sociedad alarmada por la posiblidad de que se esté haciendo lo mismo en distintas direcciones incluyendo fisgonear a la prensa en esta hora de controversias sobre ejercicios de poder y pretensiones de permanencia. El país necesita garantías de que las interceptaciones parten de evidencias de transgresiones en las conductas tocadas por acechanzas y de que los jueces que las autorizan actúan con absoluto respeto a los procedimientos.

Ejerza el país sus derechos

República Dominicana aplica políticas y acata las leyes y tribunales propios que legitiman decisiones en el ámbito migratorio movida, eso sí, por duras realidades q ue la obligan proteger su soberanía con medidas de rigor excepcional. Lo hacen otros países, y particularmente excediéndose, las potencias que se abrazan a posiciones de rechazo a las inmigración. En el presente enfrentamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades, ampliamente respaldas por los ciudadanos, deben mostrar que al sostener sus criterios están dispuestas a terciar en escenarios internacionales, de cara al mundo, para que su posición sea aceptada en virtud de que República Dominicana comprende que debe acogerse integralmente a la formalidad de los tratados y al derecho internacional ineludible para el respeto entre los Estados.