Al mantener sin variaciones importantes la actual estructura de gasto público, el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2015 posterga la posibilidad de  que los sectores más vulnerables del país comiencen a mejorar  sus  niveles de vida a través del acceso a servicios básicos de calidad.

Así lo denunció hoy el  movimiento Justicia Fiscal, destacando que el proyecto de RD$630,934 millones aprobado por el Consejo de Ministros no cumple  las metas de asignaciones presupuestarias establecidas en la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para salud y educación de cara al próximo año.

El Presupuesto mantendría, según la organización,  un gasto social 77% inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Y en el área específica de salud, la asignación sería 50% menos que la media regional, mientras que en educación, a pesar del asignado 4% del PIB, la diferencia sería de 30%. Prácticamente, dice JF, todo el incremento que tendrá el presupuesto será absorbido por el aumento en los intereses de la para los que habrá que disponer de RD$17,000 millones adicionales.

“Con la estructura fiscal vigente es muy difícil cumplir con mayores niveles de gasto social debido a la baja calidad del gasto público, el peso de la deuda y la relativa baja presión tributaria. El espacio fiscal, por el lado del gasto, se ha disminuido en los últimos años. Esta realidad, lejos de reducir las brechas sociales actuales, podría aumentar la desigualdad y convertirse en una seria amenaza para la cohesión social”, advirtió Justicia Fiscal en el marco del Seminario Internacional Fiscalidad y Desarrollo, que co-organiza junto a Oxfam.

Para el colectivo ciudadano, la eficacia en el uso de los recursos públicos sigue como una tarea pendiente, pues,  pesar de la existencia de un plan plurianual con la producción pública priorizada, el ejercicio presupuestario todavía está determinado por el presupuesto histórico. Por tal motivo,  el grupo entiende que “es impostergable instaurar la presupuestación por resultados en todas las instituciones del Estado”.

Además, resaltó el movimiento, durante la última década, las transferencias corrientes se han convertido en el lado oscuro del gasto público. En 2003, por ejemplo, representaban un 11% del éste, mientras que en 2013 alcanzaron un 25%. Es decir, 2.3 veces mayores: “Al no estar desagregadas en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF), no se permite  evaluar los niveles de  dispersión e ineficiencias en la asignación de los recursos públicos”.

Sector eléctrico

Justicia Fiscal sostuvo que el sector eléctrico es otra gran muestra de la ineficiencia del sistema fiscal dominicano y de su incapacidad de sostener un gasto social que genere verdadero desarrollo humano. Señaló a modo de ejemplo, que durante  el período 2009-2013 las transferencias a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) para cubrir su déficit corriente pasaron de US$450.3 millones  a US$965.2 millones, sin que esto haya representado una mejoría en el bienestar de la mayoría de la población.

En la actualidad, indicó el colectivo, el 54% de los hogares dominicanos reciben en promedio 7.3 horas de apagones al día. Pero los hogares del segmento A y B reciben entre 1 y 5 horas, mientras que los del segmento C y D (los de menores ingresos) reciben entre 7.3 y 9.1 horas.

“La estructura tarifaria que sustenta la distribución eléctrica subsidia a todos los sectores sociales. Al estar más limitada la oferta a la población  de menores ingresos- vía mayores horas de apagones- el subsidio beneficia más a los sectores de mayores ingresos. Desde el punto de vista de la equidad esto es condenable. Los hogares más pobres no solo pagan más impuestos en proporción al ingreso, sino que están siendo perjudicados con menores subsidios generalizados que premian al que tiene mayor riqueza”, dijo Justicia Fiscal en un documento informativo donde  sostiene que el problema eléctrico debe ser abordado desde el punto de vista de la justicia distributiva y no únicamente desde el punto de vista de la provisión privada con soluciones mercantilistas.

El Seminario Internacional Fiscalidad y Desarrollo que Justicia Fiscal y Oxfam organizaron de manera conjunta se llevó a cabo en los salones del hotel Crown Plaza, los días 29 y 30 de septiembre, con el objetivo de renovar el debate público sobre la necesidad de producir transformaciones de fondo, orientadas a dar mayores niveles de equidad y sostenibilidad al sistema fiscal dominicano.