La cobija protectora de los políticos corruptos en la República Dominicana se teje en dos argumentos que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación y en las conversaciones privadas.

El primero: si juzgan un político por corrupción hay que juzgar muchos más porque la corrupción viene de lejos. Resultado: no se juzga a nadie, y por tanto, se incentiva más la corrupción.

El segundo: quien acusa tiene una motivación política, por tanto, la acusación no tiene validez. Como los acusados son políticos, este argumento siempre pega; y como los acusadores casi siempre son también políticos (representantes del Ministerio Público nombrados por el Poder Ejecutivo), el argumento de la politización adquiere aún mayor relevancia. El resto es tecnicismo jurídico manipulado.

Estamos en un país donde nunca ha habido independencia de la justicia, y donde, por más meteórico e injustificable que sea el enriquecimiento de los políticos, nadie es declarado culpable por desfalco. Peor aún, los corruptos se convierten a veces en benefactores de la patria.

La corrupción es eminentemente política porque sólo en el Estado ocurre de manera excesiva y continua. Si en una empresa privada hay corrupción, es porque los dueños la orquestan con los políticos; y si la corrupción es interna a la empresa, los dueños la detienen tan pronto se enteran y envían los culpables al banquillo.

¿Quién puede entonces enfrentar la corrupción pública? No puede hacerlo un ciudadano o ciudadana común; no puede hacerlo ni siquiera una organización no gubernamental por la complejidad de los casos, el costo de las investigaciones y el sistema de encubrimientos sólo puede hacerlo el Ministerio Público, que es una dependencia del Poder Ejecutivo, y por tanto es político.

Pero también son políticos los jueces. Las llamadas Altas Cortes se conformaron con jueces nombrados por miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo (todos políticos). Ellos escogieron sus panas juristas, algunos de los cuales tenían más trayectoria en la política partidaria del PLD, PRD o PRSC que en un tribunal de justicia.

Sólo en países con un largo historial de carrera judicial, donde los jueces adquieren poder y prestigio por su independencia de criterio, puede el sistema judicial hacer justicia con menor injerencia de los políticos en el gobierno.

En países como República Dominicana, de alta precariedad institucional, la ciudadanía juzga a los políticos antes de que los jueces emitan un veredicto, porque se sabe por larga experiencia que los políticos no serán condenados en los tribunales. Muchas veces ni siquiera van a juicio, como ha sucedido con el sonado caso de Félix Bautista y compartes.

Por más de 20 años, la inmensa mayoría de los dominicanos ha dicho en las encuestas que en el país hay mucha corrupción. Pero ¿conoce usted algún político importante juzgado o en cárcel? ¿Es entonces la corrupción un invento de la ciudadanía? ¿Son santos piadosos los políticos?

En República Dominicana no habrá independencia política de la justicia hasta tanto no se logre enjuiciar políticos corruptos con evidencias claras y sin tecnicismo jurídicos amañados. Para eso se necesita voluntad política.

Hacer de la lucha anti-corrupción un hazme reír bajo el argumento de que a la gente no le interesa este tema, es una gran irresponsabilidad cívica y política.

La corrupción daña toda la sociedad y sólo con gran esfuerzo es posible enfrentarla. Quien defiende la corrupción de manera explícita o implícita contribuye a generar cinismo y descontento ciudadano, y eso constituye un golpe mortal a la aspiración democrática.

Los políticos no roban para el pueblo, roban al pueblo. Los jueces injustos apuñalan la sociedad.