Carlos Peña 
Al momento de ser ajusticiado el tirano de San Cristóbal, operaban por lo menos treinta y cinco empresas de capital cien por ciento estatal, de las cuales hoy conservamos tan sólo reductos vergonzosos.
El Estado dominicano ha vivido diversos procesos de despojo de sus propiedades a lo largo de esta agotadora transición posdictadura, tal es el caso de las empresas que de forma inexplicable pasaron a ser parte de las fortunas de importantes familias. Sin embargo, es en el cuatrienio 1996-2000 cuando se produce la mayor venta de acciones en las empresas estatales a través del conocido proceso de capitalización.
Entre las entidades vinculadas al proceso de “reforma de la empresa pública” se encuentra La Tabacalera, donde el Estado conserva hasta el momento aproximadamente el 50 por ciento de sus acciones y el sector privado posee el restante porcentaje accionario.
Parte del sector empresarial privado de la República Dominicana ha procurado constantemente y por todas las vías echar a patadas al sector público de las empresas reformadas y así poseer de manera exclusiva los medios de producción del país. Es así como se ha llegado a la decisión estatal de vender las acciones públicas en La Tabacalera.
En lo personal promovemos el no consumo de productos similares a los elaborados por La Tabacalera, por lo cual si la decisión fuera en la dirección de cerrarla, tendría todo nuestro apoyo y consideración. Ahora bien, no es este el caso; se trata de otra posible venta de una empresa estatal, de la cual tenemos muy poca información sobre sus operaciones.
Por principio nos oponemos a la venta de empresas públicas, más aún cuando éstas han dejado de ser carga para el erario.
Cada centavo entregado al Estado por concepto de utilidades dejadas por empresas públicas, es un centavo que no tendrá que ser cargado a las costillas del empobrecido pueblo dominicano.
