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Sin Procedencia
AP
Los fabricantes de analgésicos con receta han adoptado una estrategia en los 50 estados de Estados Unidos que incluye cientos de agentes de cabildeo y millones de dólares en contribuciones de campaña para ayudar a desbaratar o debilitar medidas dirigidas a frenar la oleada de opiáceos con receta, los medicamentos que protagonizan una crisis que se ha cobrado la vida de 165,000 personas y sumido a muchos otros en una demoledora adicción.
Las farmacéuticas aseguran que están combatiendo la epidemia de adicciones, pero AP y el Center for Public Integrity descubrieron que a menudo emplean tácticas de demora o defensa en las cámaras de representantes estatales, como financiar a grupo activistas que enarbolan la bandera de la independencia para resistirse a límites sobre fármacos como OxyContin, Vicodin o el fentanilo, el narcótico relacionado con la muerte de Prince.
Entre 2006 y 2015, la industria y sus aliados gastaron en todo el país más de 880 millones de dólares en cabildeo y contribuciones de campaña, más de 200 veces que lo que gastaron los defensores de aumentar el control sobre los fármacos y ocho veces más de lo que invirtieron en ese periodo los influyentes grupos de defensa de la libertad de armas, según descubrieron AP y el Center for Public Integrity.
Las farmacéuticas y sus grupos activistas aliados, como la American Cancer Society Cancer Action Network (Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad contra el Cáncer), también contrataron a una media anual de 1,350 agentes de cabildeo en total, en capitales estatales como Olympia o Tallahassee en ese periodo, en el que la naturaleza adictiva de los opiáceos se vio bajo un creciente escrutinio.
Las empresas y sus grupos aliados tienen varios intereses legislativos, además de los opiáceos, que suponen parte de su actividad política. Pero su presencia continuada en las capitales estatales implica que están capacitados para intervenir con rapidez en cualquier debate que les afecte. “Los defensores de los opiáceos han hecho todo lo que pueden para mantener la situación actual de estilo agresivo de prescripción”, dijo el doctor Andrew Kolodny, un defensor muy activo de que se reforme la legislación. “Cosechan enormes beneficios del estilo agresivo de prescripción”.
Los opiáceos con receta son primos de la heroína que se prescriben para aliviar el dolor. Las ventas de estos medicamentos se multiplicaron por cuatro entre 1999 y 2010, creciendo al mismo tiempo que las muertes por sobredosis. El año pasado se entregaron 227 millones de recetas de opiáceos en Estados Unidos, suficientes como para dar un frasco de píldoras a nueve de cada diez adultos estadounidenses. La industria dice estar comprometida con resolver los problemas relacionados con sus analgésicos.
Las grandes fabricantes de opiáceos han lanzado iniciativas que, entre otras cosas, fomentan prescripciones más prudentes. “Nosotros y nuestros miembros nos alzamos junto con los pacientes, proveedores, fuerzas de seguridad, legisladores y otros al pedir y apoyar políticas y acciones nacionales para combatir el abuso de opiáceos”, dijo el grupo del sector Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de Estados Unidos).
Los médicos siguen recetando opiáceos para problemas como dolor de espalda o de cabeza, a pesar de que varios estudios han encontrado pocos o ningún indicio de que estos fármacos sean formas eficaces de tratar el dolor crónico rutinario, y a pesar de que conllevan un riesgo de adicción. Ejecutivos de Purdue, fabricante de OxyContin, se declararon culpables en 2007 de haber desinformado al público sobre la naturaleza adictiva de su producto y acordaron pagar 600 millones de dólares en multas.
Legisladores de todo el país han iniciado intentos de limitar la oleada de prescripciones y evitar las sobredosis. En New Mexico, por ejemplo, se consideró en 2012 una ley para limitar las recetas iniciales de opiáceos a casos de dolor agudo presente durante siete días, para reducir las posibilidades de adicción y producir menos píldoras sobrantes que pudieran acabar en el tráfico ilegal. La propuesta no pasó del Comité de Justicia de la cámara estatal. “Los cabilderos la mataron entre bambalinas”, dijo la demócrata Bernadette Sanchez, la senadora estatal que impulsó la medida.
Agentes de cabildeo de los fabricantes de opiáceos y sus aliados declinaron hacer comentarios. Pero esos grupos tenían 15 cabilderos registrados en New Mexico este año, frente a los nueve del año anterior. Entre ellos había veteranos considerados como algunos de los más influyentes de Santa Fe.
La mayoría de los miembros del comité de justicia recibieron contribuciones de la industria farmacéutica en 2012. En total, ese año las farmacéuticas y sus empleados dieron casi 40.000 dólares a campañas políticas en New Mexico, aproximadamente un 70% más que en años anteriores en los que no hubiera elecciones a gobernador.
Los cabilderos farmacéuticos promocionan ahora propuestas para combatir el abuso de opiáceos al tiempo que fomentan un nuevo producto que protege sus ingresos: opiáceos patentados que disuaden del abuso. Presionan para aprobar leyes que requieren a aseguradoras y dispensarios a dar un trato preferente a sus fármacos, a pesar de que algunos expertos dicen que sus cualidades contra el abuso son fáciles de sortear. Por ahora, los legisladores han presentado decenas de leyes en esta línea. Al menos 21 de las propuestas utilizan fragmentos de texto prácticamente idénticos, parte de los cuales fueron proporcionados por grupos de cabildeo.
Uno de los motores con más fuerza política de la industria farmacéutica es su apoyo financiero a grupos activistas partidarios del consumo de opiáceos. En 2014, estos grupos lideraron una contraofensiva en Tennesse cuando el representante republicano estatal Ryan Williams empezó a trabajar para frenar la oleada de analgésicos con receta, alarmado por una creciente cifra de bebés adictos a medicamentos. Más de 900 bebés había nacido con este problema el año anterior, 9 veces más que en 2001, muchos enganchados a los opiáceos con receta que tomaban sus madres.
Los médicos dijeron a Williams que parte del problema de Tennessee era una ley de 2001 que permitía a los médicos negarse a recetar narcóticos potentes, pero sólo si derivaban a los pacientes a un médico más partidario de recetarlos. La misión de Williams de revocar esa ley fracasó.
