El procurador de Antilavado de Activos, Daniel Germán Miranda Villalona pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reglamentar, para que ni jueces de Paz ni contratados conozcan casos de crimen organizado.

Dijo que en los tribunales existe una enfermedad jurídica desde el punto de vista administrativo a la que hay que buscarle una rápida solución, “porque si se deja anidar la indulgencia con los jueces suplentes, ¡nos jodimos!”

El funcionario se refirió al caso de los imputados de narcotráfico Erick José Pérez Taveras y Elizabeth Reynoso Peralta, a quienes jueces suplentes de la Corte de Apelación de San Cristóbal le variaron la prisión preventiva, por una garantía económica de un millón de pesos mediante contrato de fianza.

¿Hubo mala fe? Miranda Villalona vio con suspicacia que la composición del tribunal que otorgó la libertad a los dos imputados de traficar 333.13 kilogramos de cocaína, fue conformado un viernes y se le notificó al Ministerio Público después de las 6:00 de la tarde, y el lunes comenzó la audiencia más temprano que en cualquier otra jurisdicción nacional.

“Eso no se ve tan normal; más bien se ve como controlado para los fines y propósitos de quienes persiguieron esa acción”, dijo el procurador de Antilavado.

Resaltó que a dichos imputados se les impuso un año de prisión como medida de coerción y a los 15 días pidieron la variación de esa medida, “y de un día para otro aparecen unos jueces suplentes que se la variaron”.

Insistió en que los casos del crimen organizado tienen que ser conocidos por jueces de carrera, “para evitar el problema del rejuego de los jueces de Paz y hasta de gente que son contratadas, que no son jueces, o algo por el estilo”, subrayó.

Tribunal Especial. Miranda Villalona abogó por un Tribunal Especial que conozca ese tipo de casos, y porque se apliquen sanciones drásticas para los jueces, no solo en el caso de San Cristóbal, sino también en tribunales de La Romana, Higüey y la provincia de Santiago, donde también con frecuencia ocurren esos casos.