El Comité Gestor del Plan de Abogacía por una Ley General de Igualdad y no Discriminación realizó un plantón frente al Palacio Nacional, para demandar que el anteproyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación sea enviado a la menor brevedad al Congreso Nacional, para ser convertido en ley atendiendo al requerimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y las recomendaciones dadas al país en el Examen Periódico Universal (EPU).

Como ha venido exigiendo el Comité Gestor desde la elaboración de su plan de abogacía, en el país se hace urgente una ley que proteja los grupos vulnerables en todos los aspectos como acceso a salud integral, trabajo, techo digno, dotar de documentación adecuada, entre otros.

“Nuestro país es signatario de múltiples acuerdos y tratados internacionales como el Consenso de Montevideo y la Declaración de la OEA, en ambos documentos el estado se compromete a cumplir de manera eficaz los diversos planteamientos que allí se estipulan como son salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos de manera equitativa respetando las diversidades en cualquiera de sus manifestaciones”, expresó Rosalba Karina Crisóstomo, coordinadora del comité gestor.

Entre las barreras que enfrentan las personas vulnerabilizadas están vinculadas al acceso a salud y trabajo, ya sea por condición de salud, orientación sexual, etnia o situación económica. «Las personas con algún tipo de discapacidad las barreras arquitectónicas son imposibles de romper al momento de movilizarse lo que viola su derecho al libre tránsito».

“Recientemente Amnistía Internacional lanzó el estudio que se llama: ¨Si ellos pueden tenerla, ¿Por qué uno no?”: Tortura y otros malos tratos por razón de género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana, y dentro de sus recomendaciones está una ley general de igualdad y no discriminación para que proteja a estos grupos vulnerabilizados”, expreso la activista Soranyi Martínez.

En el caso de El anteproyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación se depositó el 10 de agosto del 2016 al poder ejecutivo, la última vez que se solicitó información sobre el estatus fue el 31 de octubre del 2018 obteniendo la misa información de que está siendo revisada por el departamento jurídico de dicho poder.