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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), inició un proceso legal contra la constructora del “Proyecto Residencial Yendry (IV Etapa)” construido sobre el lecho de una cañada que fue desviada por la empresa, lo que provoca que frecuentemente el negocio regrese a su espacio natural inundado las viviendas construidas.
Anina Del Castillo, titular de la entidad, informó que a raíz de que varios propietarios reclamaron ante Pro Consumidor en contra del mencionado proyecto, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, sector Jacagua, en Santo Domingo Norte, el organismo abrió un proceso de investigación, con el fin de inspeccionar las quejas recibidas.
Indicó que tras la gestión de Pro Consumidor, se evidenció que el proyecto habitacional fue construido sin ninguna licencia ni los planos correspondientes en la Dirección de Tramitación de Planos del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), lo que constituye un incumplimiento a los requerimientos técnicos que garantizan la seguridad y habitabilidad del proyecto, «constituyendo una falta muy grave de los constructores».
Sostuvo que la presencia de agua en las casas y sus cercanías afecta a los propietarios, violando las normas y reglamentos técnicos, el derecho a la vida, la salud y la seguridad de sus adquirientes, así como la pérdida del dinero invertido.
Del Castillo informó que dadas las condiciones que presenta el inmueble, este no cumple con el propósito o utilidad para los cuales se encontraba destinado, lo que viola el artículo 63 de la Ley No.358-05, y que el proveedor compromete su responsabilidad en lo que respecta a la falta de idoneidad y calidad de los bienes ofertados.
Además, de las inundaciones en las viviendas por el desborde de agua producto de la cañada, se observó incumplimiento de los términos y condiciones ofrecidas en la venta del inmueble, existencia de vicios y defectos, así como irregularidad con las instalaciones de energía eléctrica, ausencia de verja perimetral, falta de alcantarillado pluvial, inobservancias que comprometen la vida de las personas consumidoras.
Ante estos hallazgos, la funcionaria dispuso una investigación que involucran al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, dado a que este caso se tipifica como una falta grave que pudiera originar una sanción contra la empresa.
Destacó que la vivienda es un bien de consumo duradero y de primera necesidad, una de las inversiones o actos de consumo de mayor envergadura para los consumidores de bienes, por lo que sus derechos deben ser reconocidos y protegidos como lo establece la Constitución de la República y la Ley 358-05, por lo que no se debe permitir construcciones de esta índole.
Dijo que se trabaja de forma constante en el tema de las Buenas Prácticas Comerciales, sin embargo, aún persisten casos como estos, lo que le genera al consumidor una afectación de sus intereses económicos y seguridad.
