Loyda Peña 
De las 41 personas jurídicas y 22 empresas imputadas en el caso Medusa, 23 no irían a juicio de fondo.
Entre ellos figuran el exjefe de gabinete de la Procuraduría general Rafael Canó Sacco, con quien el Ministerio Público negoció en España y será el principal testigo a cargo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
También Sara María Fernández, esposa del imputado José Miguel de Moya, a favor de quien el juez Amauri Martínez dictó anoche “auto de no ha lugar” por entender no tuvo responsabilidad penal en el caso.
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Otros que serían exonerados de ir juicio de fondo a cambio de admisión de culpabilidad y devolución de bienes, y condenas leves, son Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International SRL; Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros; Ricardo A. Carrasquero y Constructora Carrasquero; Reynaldo Santos y Zwaziland; Lisandro Macarrulla y Mac Construcciones; José Santana, Abastes y Constructora Integrada; José Abbott Brugal y Distribuidora Ropi; Hilda Cristina Jackson Mallol y Ropalma ; Francisco Arturo y Rogama; Fausto Cáceres Salterio y La Parasata Mercantil; F&F Ezel Import SRL; Daniel Enrique y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Divamor Grop; Cesarión Morel Grullón y Constructora Morel Grullón; y Carlos Guzmán Oliver y Herrajes Rachel.
Además, Rafael Rasuk Sánchez, Mercedes Camelia; Jenny Marte Peña, Giselle Molano Frías; Felipe Fernández de Castro y Rachell Pimentel Bonifacio.
