La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el supuesto fraude a la Lotería Nacional, continúa este jueves a puerta cerrada en la sala del Primer Tribunal Colegiado de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y la declaratoria de “complejo” para el caso sobre el sorteo fraudulento realizado el pasado primero de mayo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pide además prisión preventiva para William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
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Con respecto al invidente Miguel Mejía y al chofer de la Lotería Rafael Mesa, solicita prisión domiciliaria.
Los imputados formaron una asociación de malhechores que cometió estafa, sobornos, lavado de activos y otros delitos, conforme a la solicitud de medida presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Al depositar la documentación correspondiente, la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, aseguró que el expediente contiene los elementos de pruebas mediante los cuales el Ministerio Público demostrará, como lo ha hecho en los demás casos, la forma en que identificó y desarticuló una mafia que se había instalado en la Lotería Nacional.
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La institución persecutora de los delitos indicó que las indagatorias se originaron a partir de denuncias sobre la maniobra fraudulenta en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.
En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
Las maniobras fraudulentas del sorteo llevaron a sus organizadores, hoy imputados, a obtener sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana.