EMILIO GUZMÁN M. 
Santo Domingo.- El candidato presidencial Abel Martínez fijó posición en torno al proyecto de ley sobre la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la que se busca sustituir el actual Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) que por tradición se encarga de temas de seguridad nacional, tarea para la cual vincula a todas las instituciones de investigación de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, catalogando la pieza como inconstitucional y retrógrada, ya que la misma deja abierta a todas luces, una brecha inaceptable con rasgos dictatoriales. ——
El candidato presidencial del PLD califica como inconstitucional la recién promulgada pieza legislativa
El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, consideró ayer que la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), recién aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, es inconstitucional y envuelve intereses oscuros.
“Esta legislación otorga poderes únicos a la DNI, para actuar al margen del Ministerio Público y dejando de lado lo que establece el Código Procesal Penal, en lo referente al debido proceso en las investigaciones y pasando por encima de las leyes que regulan al órgano persecutor, al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas”, expresó.
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“altamente preocupante”
En un comunicado, Martínez calificó de “altamente preocupante”, el artículo 9 de la norma, que señala, dentro de las atribuciones de la DNI, que las investigaciones que realizará ante personas o instituciones serán de acuerdo a sus consideraciones, sin orden de ningún juez ni participación del Ministerio Público.
En ese sentido, indicó que esa entidad podrá investigar a una persona e intervenir su teléfono, entre otras violaciones a la intimidad, lo que es una vulneración a la privacidad, según establece la Constitución en su artículo 54.
El dirigente político dijo que el país no puede volver a la época en que eran violentados derechos de forma abierta, con intervenciones de teléfonos y detenciones arbitrarias para supuestas investigaciones y sin ninguna orden judicial que lo autorice.
