El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Henry Molina, afirmó ayer que para optimizar el proceso penal en en el país, “más que tecnología se requiere un cambio de cultura” que permita arribar a acuerdos para que menos casos lleguen a los tribunales y los juicios puedan solucionarse en un año como está concebido en el Código Procesal Penal (CPP).

Dijo que para evitar la dilación de los procesos o no saber cuándo terminan, en los próximos día invitará al Ministerio Público y a la Defensa Pública a sentarse a trabajar junto con el Poder Judicial lo que son los acuerdos en base a los presupuestos probatorios.

Recordó que la decisión de un juez se basa en las pruebas que aporta el MP y en la solidez de las mismas, por lo que dijo, si están los presupuestos probatorios, el MP y la DP pueden llegar donde el juez con un acuerdo, el juez lo revisa y toma su decisión.

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En ese sentido, favoreció que haya una lista de chequeo probatorios que acepten ambos actores institucionales previo a sentarse con el juez, lo cual dijo, es lo que pasa en cualquier parte del mundo, “ porque lo que no podemos seguir haciendo es dilatando los procesos ni seguir haciendo que un proceso no sabemos cuándo termina”, enfatizó.

Agregó que no llegar a acuerdo afecta tanto a la víctima como a la parte acusadora, al someterlas a una situación prolongada en el tiempo no obstante saber ambas partes cuál va a ser la decisión.

“El que cada actor entienda que eso se puede hacer, es la necesidad de un cambio cultural, tanto del juez como del Ministerio Público y el Defensor Público”, sostuvo el magistrado Molina.

Estadísticas hablan

El también presidente del PJ dijo que en la actualidad, en la justicia dominicana se concilia menos del 13% de los casos que llegan a los tribunales , lo cual consideró un porcentaje “muy bajo, al compararlo con la justicia estatal norteamericana en Puerto Rico, donde afirmó, se concilian el 80% de los casos; en España, el 70% y en Argentina, el 90%.

Eso, dijo el magistrado Molina, “porque no hay una cultura de litigiosidad de los actores, que en el país hay que trabajar.

Agregó que una de las consecuencias de un ineficiente manejo de la justicia” es la perención de los procesos, lo que dijo, también se puede evitar con los acuerdos.

Tres grandes medidas

De acuerdo con el presidente de la SCJ, para la solución de la justicia penal en República Dominicana es necesario “optimizar el proceso”, lo que significa cumplir todo lo que está en el Código, “ y que lo cumplamos todos los actores, siendo los primeros responsables nosotros los jueces”.

También que la plaza de mayor cantidad de casos de justicia penal, que es la provincia Santo Domingo (SDE y SDO), tengan infraestructuras dignas; y que existan programas de trabajo social para aquellas personas que son infractores por primera vez de un robo; y un programa de reinserción de personas que consumen sustancias prohibidas.

“Si nosotros actuamos esas tres medidas como país, y somos conscientes de ellos, la justicia penal en la República Dominicana bva a mejorar en un 80%”, aseguró.