EFE 
Deportaciones de los refugiados de la R.D. del Congo (foto archivo).
La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, llamó hoy a los gobiernos a prohibir las deportaciones de refugiados a la República Democrática del Congo (RDC).
El llamamiento explicita que deberían detenerse las deportaciones de los solicitantes de asilo procedentes de las provincias orientales de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, incluso si sus peticiones han sido rechazadas.
La directora de protección internacional de ACNUR, Elizabeth Tan, pidió a los países que permitan el acceso de los refugiados a sus territorios.
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Tan puntualizó que es probable que muchas de las personas huidas de la RDC cumplan los criterios para obtener el reconocimiento legal de refugiado, conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La situación en las provincias orientales del país preocupa a ACNUR, que ha reportado un aumento del número de ataques contra civiles desplazados en los últimos meses.
La agencia cifró en 1.000 el número de fallecidos en ataques contra campamentos desplazados desde el pasado febrero.
“En 2022, ACNUR ha registrado más de 50.000 violaciones de los derechos de la población civil”, destacó Tan.
Solo en el último mes, más de 188.000 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos entre el grupo rebelde M23 y el Ejército congoleño.
En estas circunstancias, el número de personas desplazadas internamente se estima en 5,6 millones, a los que se suman otro millón de personas que permanecen en 22 países de África.
Según especificó la agencia de la ONU, la gran mayoría de los desplazados (4,9 millones de personas) se vieron forzados a abandonar sus hogares por los conflictos bélicos en Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. Otros 700.000 lo han hecho debido a las condiciones meteorológicas extremas.
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Tan calificó la situación de la RDC como una de “las mayores crisis humanitarias del mundo” y recordó a los Estados su “responsabilidad moral con los que huyen del país «.
Además, recordó que este llamamiento contra las deportaciones seguirá vigente “hasta que las condiciones mejoren lo suficiente como para permitir retornos seguros y dignos».
