Hoy 
La retórica policial, y hasta gubernamental, que hace poco prometía drasticidades contra la delincuencia que inquieta a la colectividad viene inevitablemente a la memoria con el reporte del cuerpo del orden de que sus agentes acaban de matar en diferentes lugares del país a seis hombres a los que atribuían delitos. Coincide la versión oficial en sostener que todos estos sospechosos «ofrecieron resistencia» generándose un preocupante paquete de “intercambios de disparos” que solo generaron heridas de un solo lado, todas mortales. Episodios a sangre y fuego muy típicos de otros tiempos en los que el Ministerio Público se abstenía de investigar. Solo valía la versión de la propia Policía, sin que se diera oportunidad a la Justicia de establecer la verdad de los hechos. Una sistemática indiferencia del Poder Civil que ponía sello de verdadero a trágicos finales aunque las versiones recogidas después en el lugar de los hechos, y superados los traumas de las balaceras en vecindarios, hacían saber que se había tratado de ejecuciones sumarias, esas que abundaban en relatos periodísticos responsables en los que luego se basaba la embajada estadounidense para atribuir a la PN un inventario de escandalosas violaciones a los derechos humanos.
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El expediente de las aniquilaciones instantáneas no debe regresar en nombre de la lucha contra el crimen que en sus rachas anteriores hacía blanco también en seres inocentes. Gatillos alegres envalentonados por implícitas licencias para matar.
