El 12 de octubre es una fecha de duelo para la población originaria y sus descendientes en América así como para las personas afrodescendientes.

El recuerdo de la llegada de los españoles nubla la memoria con el dolor, la tristeza, sufrimiento y muerte. Se raptó a grandes grupos humanos en diferentes naciones de África, hombres, mujeres, niños y niñas secuestrados, amarrados y trasladados en barcos en condiciones de hacinamiento sin agua, comida y servicios sanitarios. Muchas de estas personas murieron en el trayecto.

Se justificó la esclavización de estas personas, así como a los pueblos originarios desde la negación de su condición humana e igualdad con los europeos. Hoy se justifica la exclusión y el abuso contra personas de piel negra desde su “nacionalidad”.

Vivimos en una sociedad constitucionalmente democrática. Los derechos humanos son principios fundamentales en nuestra Constitución. Contradictoriamente se reproducen prácticas violatorias de estos derechos hacia personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres y hombres de piel negra. Se rapta, secuestra y coloca de forma forzosa en espacios asfixiantes.

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Recientemente se raptó a una mujer dominicana con condiciones de discapacidad residente en Cambita, Cristina Martínez. Su familia desconoce su paradero, aparentemente fue deportada hacia Haití. Ella no conoce esta nación ni su idioma y no tiene ninguna relación familiar en este país. Solo por el hecho de ser negra y fue raptada y colocada en estas cárceles ambulantes que usa Migración. Se afectó su estructura familiar, sus hijos e hijas están desconsolados porque fueron despojados forzosamente de su madre.

Junto a estas situaciones de mujeres y hombres dominicanos de piel negra que son “confundidos” como haitianos están los casos de niños y niñas raptados por Migración de camino a la escuela en comunidades rurales y urbanas de diferentes provincias del país. Este hecho es una grave violación a los derechos de la niñez, se somete a esta población infantil a la violencia psicológica, y a riesgos de abuso sexual y físico. Otra actividad destructora de la familia en un país que dice favorecer a la familia como institución fundamental de la sociedad.

Estos casos son parte de la cotidianidad. No hay respuestas de ninguna de las instituciones del Estado frente a estas violaciones de derechos de la mujer, personas con discapacidad, niñez y adolescencia. Las denuncias y comunicados de instituciones que velan por estos derechos han quedado en el vacío y el silencio. en la protección de la niñez y adolescencia y en el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de mujeres y hombres. Muchas instituciones religiosas y dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez.