El Ministerio Público sigue confrontando problemas con algunos de los acuerdos con “criterio de Oportunidad” que firmó en el caso Calamar, debido a que las familias estafadas con la expropiación de tierras, reclaman ser incluidas en los mismos, y el reparto de los recursos que se obtengan producto de esos pactos, y no al final del proceso como, según ellos, quiere el órgano de persecución.

Esa situación, y un Acto de Oposición a Pago que le fue notificado a Mimilo Jiménez Collie y a Fernando Crisóstomos Herrera, motivó que ayer la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Altagracia Ramírez, solo conociera y homologara uno de cinco acuerdos de esa naturaleza que le presentó la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), y aplazara el conocimiento de los demás para el 22 de agosto próximo.

Puede leer: Consejo de Alcaldes dice ayuntamientos y juntas distritales reciben `migajas´ del presupuesto

El acuerdo homologado fue el firmado entre el MP y el exdirector técnico de la OISO Víctor Matías Encarnación Montero, quien admitió haber recibido RD$35 millones de parte del contratista Fernando Crisóstomos.

“La objeción al acuerdo de Criterio de Oportunidad firmado por el Ministerio Público con Fernando Crisóstomo y Mimilo Jiménez es para que ningún dinero se mueva sin el consentimiento o la participación de los sucesores de apellido De Paola, que nosotros representamos, a quienes le cogieron RD$4,700 millones; y también a los sucesores Mota, a quienes le deben RD$11,000 millones” dijeron los abogados que representan a los herederos. Son ellos los doctores José Javier Bidó, Martín Rubiera y Pablo Castillo.

“El lío es porque el Ministerio Público no quiere que se distribuya el dinero entre las víctimas de los sucesores, porque entiende que la víctima es el Estado dominicano, y no es así, porque el Estado, en la persona de algunos funcionarios fueron los que cometieron los hechos”, puntualizaron tras salir de la audiencia aplazada.