Dos empresas de inversionistas españoles que poseen terrenos turísticos en Punta Cana, solicitaron llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador general adjunto para el medio ambiente, acusado de actuaciones ilegales, apoyadas por la fuerza pública, para desconocer una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ordena el desalojo de ocupantes ilegales de su propiedad.

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El desalojo, realizado por las empresas Yupa SRL y Paraiso Tropical autorizado por la Fiscalía de Higüey, se produjo el 12 de noviembre del año pasado y el 17 del mismo mes el doctor Francisco Contreras se presentó en el lugar con un miembro del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y “colocó los intrusos recién desalojados” a los señores Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco, quienes habían perdido el caso por sentencia de Suprema Corte de Justicia.

Las empresas denunciaron la situación en comunicación dirigida a la procuradora General Mirian German Brito.