Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno dominicano a reconocer la nacionalidad a descendientes de haitianos irregulares nacidos en ese país y que quedaron en un limbo, a raíz de una sentencia que negó la ciudadanía a hijos de extranjeros indocumentados.

«República Dominicana debe encontrar con urgencia una solución de larga duración para esta crisis. Un primer paso fundamental sería establecer un proceso sencillo y accesible, sin límite de tiempo, para reconocer la nacionalidad dominicana a todas las personas que fueron privadas de ella», dijo Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de AI para América, al comentar un informe de la organización difundido este jueves.

En 2013, un tribunal dominicano decidió que «los niños nacidos en el país con padres extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana», un fallo retroactivo a 1929 que convirtió de facto en apátridas a más de 250.000 personas, principalmente hijos de haitianos.

Guevara-Rosas opinó que, a través de esa decisión, las autoridades «han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo», convirtiéndolas en «ciudadanos fantasmas», según el comentario publicado en la página web de la organización no gubernamental de derechos humanos.

AI considera que el gobierno dominicano «ha violado sus obligaciones internacionales de derechos humanos (…) al permitir la privación arbitraria y retroactiva de la nacionalidad de posiblemente decenas de miles de personas y no tomar las medidas adecuadas para remediar su situación de apatridia».
En el informe de 54 páginas, el organismo recomienda realizar un censo de las personas «sin estado y en riesgo de apatridia, compilar datos desglosados por sexo, edad, estado y ubicación» y «tomar las medidas adecuadas para restaurar la nacionalidad dominicana a los que tenían derecho en virtud de la legislación nacional en vigor entre 1929 y 2010», año en que fue promulgada la nueva Constitución.

Medidas insuficientes. El gobierno dominicano ejecutó un plan de regularización hasta el pasado 18 de junio, en el que se registraron unas 55.000 personas que podrían obtener sus documentos de identidad, pero que, según AI, no se ha concretado.

Tras la culminación del plazo de las inscripciones para el plan, y ante la amenaza de deportación, más de 17.000 haitianos salieron voluntariamente de República Dominicana.

El Movimiento Justicia Migratoria, formado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, estimó que habían quedado fuera del plan unos 200.000 de los 458.000 haitianos que se estima que residen en Dominicana.

Amnistía también consideró de «alcance limitado» la ley de naturalización de hijos de extranjeros inscritos en el registro civil – dirigida a los afectados por la sentencia de 2013-, a la que se acogieron 8.755 personas, sobre las cuales «las autoridades dominicanas han asumido unilateralmente que tenían nacionalidad haitiana».

La ONG sugirió a Haití adoptar una nueva ley que permita volver a adquirir la nacionalidad haitiana a los afectados por la prohibición de doble nacionalidad vigente entre 1987 y 2012. En julio, tras una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití y Dominicana, el organismo con sede en Washington reconoció «la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias» y la existencia de «personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad».

En ese momento, la OEA advirtió que las movilizaciones de personas debían cumplir con estándares internacionales y llamó a los dos países que comparten la isla caribeña La Española a iniciar un diálogo bilateral.

En tanto, en octubre pasado los presidentes de República Dominicana, Danilo Medina, y de Haití, Michelle Martelly, acordaron reabrir las negociaciones para resolver el conflicto migratorio.
En la reunión, celebrada en el lado dominicano de la frontera, Haití se comprometió a nombrar a un nuevo embajador en Santo Domingo, en sustitución de Daniel Supplice, destituido en julio pasado por sus críticas al gobierno de Martelly sobre el tema migratorio, lo cual se cumplió con la designación de Magalie Magloire en noviembre.