Alarma por   el tráfico madera

POR DOMINGO ABREU COLLADO
Porque no es simplemente madera. Son maderas preciosas, de las más antiguas y escasas, las que están siendo robadas en las inmediaciones de un área protegida en el Cibao. Frente a lo que la Sociedad Ecológica del Cibao –SOECI– se ha pronunciado en protesta y con justificada alarma.

En principio, la denuncia emergió de Villa González, donde el Grupo Ecológico Las Lagunas descubrió que en la Reserva “José de Jesús Jiménez Almonte” se estaba cortando ilegalmente caoba centenaria.

Pero estos cortes no obedecían a simples robos de uno que otro árbol. Se trata de una operación planificada y ejecutada con toda la sistemática necesaria para penetrar subrepticiamente en la zona, operar con mano de obra calificada para la tala de árboles, utilización de instrumental ágil y efectivo, empleo de transporte de fuerza y gran capacidad de carga y maniobra, efectivos contactos para el negociado de la madera y suficiente espacio para esconder los grandes troncos.

Una posibilidad es que se trate de una organización para la exportación de madera. Por lo que se haría difícil su localización en aserraderos de Santiago, Puerto Plata, La Vega o Santo Domingo. Pero igualmente, de tratarse de una organización con los recursos que parece contar, pudieran simplemente esconder la madera por un tiempo prudente hasta que pase la alarma, y luego poder comercializarla con tranquilidad.

Algo definitivamente seguro es de que hay personas de poder o de influencias involucradas en este tráfico ilícito de maderas preciosas. Puesto que no hay posibilidad de que se trate de alguna banda de personas pobres que andan en busca de algunos troncos para sacar del bosque arrastrados por animales y vender en el primer aserradero que se los acepte.

Se trata, evidentemente, de una organización con grandes recursos de operación y espacios para almacenaje de gran cantidad de madera. Y espacios de ese tipo no son propiedad de pobres desempleados.

Según lo que expone la Sociedad Ecológica del Cibao, la extracciones denunciadas presentan características que evidencian que los robos no fueron para nada fortuitos, sino que contaron con gran planificación, puesto que hubo previamente un “trabajo” de selección de los árboles a eliminar y sacar de la zona.

Según la investigación de SOECI, “hasta el 16 de septiembre han sido ubicadas y georeferenciadas unas 107 unidades de especímenes cortados recientemente, de los que casi un 90% se encuentra sobre la cota de los 400 metros sobre el nivel del mar, y un 10% (12 unidades) cortadas hace más tiempo, todas ellas en el interior de una finca propiedad del Sr. Artemio Peralta”.

Es decir, que la localización de esas piezas es ya un punto de partida par ala investigación que debe desarrollar tanto la Procuraduría para el Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la subsecretaría de Recursos Forestales, y la Pölicía Ambiental.

Un estimado realizado por SOECI indica que puede llegar a los 5 millones de pesos el volumen de madera extraído ilegalmente en la zona. Pero además, cerca de un millón de pesos en madera cortada ha sido dejada abandonada en el entorno.

Aparentemente, para la extracción de la madera robada se utilizó un camino abierto hace años en violación a las disposiciones legales sobre la parotección de esa zona de bosques. Más, recientemente, fue restablecido y extendido, pues ahora llega “más allá de los límites del Area Protegida”, según la denuncia de SOECI. El origen de esos trabajos de rehabilitación y extensión de ese camino es otra pista interesante para los investigadores, pues esos trabajos no se realizan gratuitamente o sin ningún propósito.

El fantasma de la deforestación ataca de nuevo

Durante algunos años, el fantasma de la deforestación se le suponía desterrado, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, a partir de los incendios forestales ocurridos, o mejor dicho, provocados, el año pasado, ya se veía venir una embestida de la bestia maderera, la que recurriría al conocido truco de la “extracción de la madera quemada para ayudar a la recuperación del bosque”.

A esa iniciativa de los traficantes de madera, sobre la que sugerimos en ese momento no hacer el mínimo caso, han seguido algunos conatos de corte y robo de maderas preciosas en sitios como el bosque de ébano verde en las lomas de Bonao, extracciones en la Sierra de Bahoruco, y ahora lo de Las Piedras, camino a Villa González, que ha sido denunciado por la SOECI.

Cabe la posibilidad de que ante la aparente flexibilidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ante las dificultades que ésta secretaría enfrenta en materia de recursos para mantener una vigilancia óptima en algunas de nuestras áreas protegidas, los ladrones y traficantes de madera hayan decidido lanzarse de nuevo a la actividad del corte ilegal y tráfico de maderas preciosas.

De hecho, esos casos son un desafío a la autoridad de la subsecretaría de Recursos Forestales y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en términos generales.

Pero además, son un claro desafío también a la política de Estado que asumió el país desde antes de la entrada al tercer milenio en relación con la protección de sus recursos forestales y de sus fuentes de agua. Una política que involucra a todos los sectores de la población dominicana, porque en su aplicación la nación se está jugando el futuro del abastecimiento de agua.

Es decir, el Estado, el País, la Nación y la Patria misma han sido desafiados por un grupo clandestino de traficantes de maderas que, al amparo de algún poder civil o militar, ha emprendido de nuevo el socavamiento de los fundamentos naturales de la República para su propio beneficio. 

¿Pueden los organismos de seguridad dar con esa organización? 

A todas luces, se trata de una organización clandestina que, a la sombra, desarrolla hábilmente una secuencia de pasos para la ejecución del delito en cuestión: localización de árboles, corte y extracción, almacenaje y comercialización.

Sin embargo, ninguno de esos pasos, por más a la sombra que se realicen, pueden escapar a la vigilancia de los servicios de seguridad del país. Y para ayudar, están las informaciones recopiladas por la Sociedad Ecológica del Cibao –SOECI- y que ya hemos mencionado.

De todas maneras, la esperanza de recuperación se mantiene, pero ayudaría mucho la presencia en medio de la incertidumbre de alguno (o varios) de nuestros organismos de seguridad, pues esta es una cuestión que atañe a la seguridad del país.

Lo que llamamos esperanza es que, como dice SOECI, “si bien la Loma Mata Puerco forma parte del Área Protegida, este acto de barbarie no afecta directamente la zona núcleo, centrada entorno a la Loma Diego de Ocampo, donde puede observarse una recuperación de más de un 50% de la cobertura boscosa con especies endémicas y nativas, en comparación con la situación en que se encontraba hace unos 15 años”.

En relación con la necesidad de vigilancia, la organización ecologista del Cibao señala que “Este tipo de atentados tienen su razón de ser básicamente por tres causales: La histórica cultura del tráfico de madera a lo largo de la cara sur de la Cordillera, lo difícil que se torna la vigilancia de los voluntarios y aliados de SOECI, porque se accesa a esta área a través de fincas privadas y por último la ausencia total de vigilantes de la Secretaría de Medio

Ambiente, vulnerabilidad que brinda a los depredadores  un atractivo especial”.

Es decir, la debilidad de la vigilancia presencial es un acicate para los ladrones de maderas preciosas, pero queremos confiar en las posibilidades de acción de nuestras estructuras de seguridad nacional. 

Las recomendaciones  

Como medidas alternativas e inmediatas para contrarrestar próximos hurtos de madera, SOECI hace las siguientes recomendaciones, entre otras:

1) La suspensión absoluta del otorgamiento de permisos para corte de árboles en la zona de amortiguamiento de la reserva José de Jesús Jiménez Almonte (Pico Diego de Ocampo), exceptuando los casos de fuerza mayor y aquellos que pudieren ser supervisados con rigurosidad.

2) El nombramiento cuanto antes del cuerpo de vigilantes del Monumento Natural Pico Diego de Ocampo, a los que SOECI se compromete a entrenar y capacitar.

3) El cierre definitivo de todos los caminos con posibilidad de acceso motorizado más allá de la cota 400, en la  vertiente  Suroeste  del Pico Diego de Ocampo.

4) Revisión de los permisos para cambio de usos de suelo, a todas las propiedades ubicadas en la zona de amortiguamiento del Área Protegida, especialmente en las proximidades de los poblados de Palmar, las Piedras, Los Mates y otros.

5) Investigación minuciosa de todos los pormenores del caso actual, para que no quede encubierto ninguno de los involucrados a cualquier nivel, así como el sometimiento judicial y sanciones administrativas para aquellos imputados con indicios suficientes para su procesamiento.

6) Indagar las denuncias de que existe complicidad entre ciertos empleados de la SEMARN, propietarios de terrenos y/o algunos traficantes de madera.

8) Apoderar y respaldar las indagatorias que realiza la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, como en efecto hacemos, al remitir la solicitud para investigar y procesar a los responsables directos de este crimen ecológico.