Las reformas de la Administración Pública dominicana durante las últimas dos décadas han sido ambiciosas con el fin de tener un alto impacto en la percepción ciudadana. El objetivo inicial de todos esos procesos transformadores era rescatar la imagen del Estado administrador y colocarlo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Se crearon entes y órganos del Estado con el fin de mejorar los servicios públicos y promover una visión estratégica de la nación. Hubo conquistas y hubo fracasos.

Es importante señalar que los procesos de reforma de las administraciones públicas requieren un sinnúmero de consensos sociales y la apertura de espacios para analizar experiencias internacionales y nacionales innovadoras. En muchos casos, se actuó sin analizar experiencias y en consecuencia, sin conocer de la posibilidad de que dichas reformas podían fracasar. Impulsividades típicas de reformadores que solo piensan en el retorno político y no en el desarrollo sostenible del país.

He pensado compartir una lista de iniciativas que estaban dentro de dichos procesos de reformas de la administración pública y que por múltiples razones, han sido entorpecidas por los distintos gobiernos, y que hoy roncan en leyes aprobadas por el Congreso Nacional o en anteproyectos olvidados por la voluntad de tomadores de decisiones. En algunos casos, son leyes que no terminan de implementarse, uno de los males principales de los que padece nuestra Administración.

Una estructura coherente del Estado dominicano, apuntando hacia su racionalidad y delimitando claramente las competencias de todos los entes y órganos, así como sus dependencias o adscripción.
Un Consejo de Ministros activo y con agendas públicas conforme a las demandas sociales y administrativas.
Una cuenta única del Tesoro en funcionamiento.
Servicios públicos de calidad con mecanismos de monitoreo ciudadano en funcionamiento.
El Defensor del Pueblo ejerciendo sus funciones como establece la ley.
Marco legal de los Partidos Políticos dominicanos.
Concentración de los entes y órganos que regulan el sector transporte.
Un ente descentralizado rector del acceso a la información pública.
Escuela de formación de legisladores.
Escuela de formación de altos gerentes del Estado.
Una Escuela Diplomática que sea espacio obligatorio para la formación de los funcionarios que representan a la RD en el exterior.
Los presupuestos participativos de los distintos gobiernos locales en funcionamiento como manda la Ley 176.
Fortalecimiento de las relaciones con el Estado haitiano. Implementación, seguimiento y monitoreo del Plan Binacional.
El respeto a un marco legal salarial del sector público, sin nóminas ocultas avaladas por el Poder Ejecutivo.
Claras políticas de promoción de los servidores públicos y fortalecimiento del sistema de evaluación del desempeño.
Gobiernos locales más independientes y con posibilidad de impulsar reformas en sus comunidades.
Plan de respuesta para los asentamiento humanos en zonas urbanas y rurales.
Un Consejo Económico y social fortalecido
Énfasis en la salud preventiva y el fortalecimiento de la red de servicios de salud.
Un servicio eléctrico eficiente.
Marco legal de Agua potable y saneamiento.
Seguimiento y monitoreo al Plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático de la República Dominicana.
Eliminación de la brecha digital.
Un Poder judicial y un Ministerio Público fortalecido y con carreras dignificadas, este último con un departamento de persecución a la corrupción administrativa efectivo, que no sufra manipulaciones políticas ni mediáticas.
Transformar las relaciones de los partidos políticos y la sociedad para que estas agrupaciones respondan a los intereses de los ciudadanos/as.
Transparencia en el financiamiento de las agrupaciones políticas.
Descarga burocrática: simplificación de trámites administrativos en los entes y órganos del Estado.
Gobierno electrónico inclusivo y participativo.

¿Qué pasó? Cuando se hablaba de reforma estatal se pensaba cambiar la imagen que se tenía del Estado: transformar sus relaciones con sus clientes y eliminar funciones innecesarias que no aportaban al desarrollo de la nación. Eso no se logró. Hoy por hoy estamos en presencia de un Estado enorme que padece de males que pudo haber evitado si muchas de esas reformas se hubiesen llevado a cabo con compromiso y rigurosidad. No estamos tarde, pero estamos sin avanzar, empantanados. La República Dominicana es un Estado unitario, y debemos ver las reformas desde una visión sistémica.

Los procesos de reformas administrativas requieren de recursos humanos con las competencias correspondientes en cada sector de la administración. Es cierto que la nómina del Estado ha aumentado en un porcentaje altísimo en ese mismo tiempo, sin embargo también es cierto que dichas reformas requerían de más personal y con nuevas capacidades. Pero, y este es un ‘pero’ de los grandes, no podemos obviar la práctica tradicional de los gobiernos de turno de usar los puestos de la administración como pago por los servicios prestados durante las campañas electorales, debilitando en consecuencia, la calidad de los servicios prestados por las instituciones y el debilitamiento institucional. Para muestra un botón: ver caso del Ministerio de Relaciones exteriores y la podredumbre que se develó al publicar su nómina.

Muchas de esas reformas previamente enlistadas no se han podido llevar a cabo por el cambio agresivo del personal y las cabezas de las instituciones públicas; así como también debido al menosprecio a la Carrera Administrativa que impulsa el Ministerio de Administración Pública, que también debe de ser fortalecida pero primero: res-pe-ta-da. Es necesario tener una visión de continuidad del Estado.

Asimismo, cabe destacar que los afanes del partido oficial de mantenerse en el poder retrasan las reformas y encima, malgastan los recursos del Estado.

Reflexionando. El otro día una buena amiga me preguntaba que por qué me gustaba trabajar para el Estado. Su pregunta era como entre sorprendida y curiosa. Ella sabe que he estado en el sector privado y el sector público, pero que la mayor parte de mis años activos como empleada han sido en la Administración Pública. Le contesté que sentía la necesidad de trabajar para el interés general contrario a trabajar para el interés privado, y que en mi casa siempre se ha admirado al servidor público. Pero entiendo su sorpresa, su curiosidad: el mensaje que envían los gobiernos que permiten y no castigan esas prácticas de derroche, botellas y sobre todo actos delictivos, hacen cuestionar a cualquiera con vocación de servir, y no hacen posible las reformas de la Administración del Estado necesarias.

Sueño con que estas navidades las campanas suenen para celebrar el inicio de un 2015 libre de prácticas anti-institucionales, con ‘vientos que soplen’ para el bienestar social y no a favor del clientelismo y el circo electoral.