En nuestra América, ha sido popular la antipolítica –la más política de todas las posiciones, según Carl Schmitt– que se remonta al arielismo de principios del siglo pasado y su “aristocracia del espíritu”, encarnada posteriormente en dictadores como Trujillo y que hoy esgrime una sociedad civil que tilda a los partidos y políticos profesionales de esencialmente malos y corruptos; que aborrece, con su adanismo, honestisimo y narcisismo político arrásalo todo, el indispensable, razonable y parcial consenso político democrático; y que concibe la política bajo la lógica populista y antagónica de los buenos contra los malos y los serios contra los sinvergüenzas, en contraste con nuestras democracias imperfectas, que son, como decía Adam Michnik, “una mezcla de pecado, santidad y tejemanejes”.

A la antipolítica ahora viene a sumarse desde la derecha una tendencia antiestatal, anárquico- neoliberal, a la Javier Milei, que se opone a la intervención estatal y aboga por un Estado mínimo, a tal extremo que consideran que F. A. Hayek es un socialista al lado Ludwig von Mises, y sin que ello le impida apoyar medidas autoritarias como las de Pinochet y Bukele, siempre y cuando se preserven las libertades económicas.

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La antipolítica puede ser antiestatal. Pero esta puede caminar también muy agarradita de mano del culturalmente hegemónico anticapitalismo y que hoy se expresa en los movimientos en contra del sistema de pensiones basado en la capitalización individual; en la conversión de la participación de las empresas en los mercados de valores en un pecado mortal, es decir, en un riesgo reputacional para emisores, intermediarios e inversionistas; en el descrédito de instrumentos de inversión pública claves para la construcción de infraestructuras como las asociaciones público-privadas y los fideicomisos; y en el ecoterrorismo judicial que espanta inversiones nacionales y extranjeras.

A estos movimientos “anti” hay que decirles que necesitamos partidos fuertes y políticos. Pero, sobre todo, que necesitamos un Estado fuerte que garantice una economía social de mercado, basada, por un lado, en los pilares del mercado, la propiedad, la libre y privada iniciativa, la libertad de empresa y la competencia libre y leal, y por otro, en los pilares del Estado social, que se resumen en la garantía de los derechos sociales fundamentales de las personas en una economía orientada al desarrollo humano.

No es un Estado mínimo porque no es simple garante del funcionamiento libre de los mercados; y no es tampoco un Estado interventor porque no promueve que el Estado sea el más activo y principal empresario, sino que, en virtud del principio de subsidiaridad, este deviene agente económico empresarial, allí donde el sector privado es ineficiente, o sea, donde resultan insuficientes o insatisfactorios los mecanismos espontáneos del mercado, pero siempre actuando en igualdad respecto a los empresarios privados. Es un Estado que puede proveer directamente los servicios públicos o permitir que el sector privado, solo o en concierto con el Estado, los provea.

Es un Estado regulador, es decir, que reglamenta, supervisa, sanciona y dirime controversias entre los agentes económicos, garantizando la eficacia económica y social del mercado. Es un Estado institucional con organismos reguladores, verdaderamente independientes, de los servicios públicos y de otros sectores económicos. El Estado Social y Democrático de Derecho no promueve el insoportablemente leve y soporífero histerismo de los apocalípticos anticapitalistas, antiestatistas y antipolíticos.