El primer grupo de imputados que habló ayer ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción Deiby Timoteo Peguero, afirmó tener vínculos de amistad, comercial, o político con Alexis Medina Sánchez, pero se desvincularon de las acusaciones que les hace el Ministerio Público en el caso Antipulpo.

Todos sin excepción dijeron ser inocentes y que los hechos que se les imputan no se corresponden con la realidad, o que son ajenos a ellas.

Tal es el caso del exgerente de Edesur José Idelfonso Correa Martínez, por ejemplo, quien dijo ser un próspero empresario millonario hace más de 20 años, por lo que entiende no tiene sentido la acusación que le hace el MP.

Resaltó además que fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que lo buscó, no él a la organización política.

Según la acusación de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), el exfuncionario no solo cometió una conducta propia del lavado de activos sino que “distrajo el bien ilícito”, entre otras cosas.

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Se hunden más

Para la coordinadora de Litigación del MP Mirna Ortiz, las declaraciones de los imputados a través de sus respectivas defensas técnicas, “lejos de ser una estrategia efectiva de defensa, los ha colocado dentro de la estructura de Alexis Medina y sus empresas”.

Dijo que con sus declaraciones sobre su vínculos de amistad, comerciales y políticos con el principal imputado en la red del hermano del expresidente Danilo Medina, “han corroborado con sus mismas palabras” parte de las imputaciones y de las acusaciones que el MP tiene en su contra.

Respecto de las declaraciones de Correa Martínez pidió esperar el desarrollo del juicio “para ver si el Ministerio Público tiene sentada ahí a una persona siendo inocente”.

El incidente

Los debates en horas de la mañana se circunscribieron a la oposición de las defensas a que se presenten nuevas pruebas contra los imputados, como solicitaron los abogados del Gobierno constituidos como actor civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Estado ascendente a más de RD$23,000 millones.

El incidente fue planteado por Ingrid Hidalgo, abogada de Paola Molina Suazo, y al mismo se adhirieron sus demás colegas, alegando que conforme a la normativa en esta audiencia preliminar no está permitido incorporar prueba que no están en el escrito (querella).

Tras deliberar juez acogió la petición de los representantes del Gobierno; la defensa hizo oposición, y confirmó su decisión.