La Sexta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de un recurso de amparo interpuesto por el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla Sierra, quien busca que se levante el embarco a sus cuentas bancarias.-

Las cuentas de Montilla Sierra fueron confiscadas luego de que el Estado dominicano se querellara contra él por presuntos actos de corrupción.

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La querella

El pasado 15 de junio el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES junto a un grupo de juristas presentó en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) una querella penal con constitución en actor civil contra 14 personas y 25 empresas que supuestamente estafaron al Estado a través de las Empresas Distribuidoras de Electricidad por RD$20,000 millones.

Miguel Valerio, el abogado que encabeza la defensa técnica dijo en su momento que el Consejo cuenta con 400 pruebas que se recabaron por más de siete meses de indagatoria y que abarca el periodo comprendido entre agosto del año 2012 y el 2020.

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Entre las acusaciones están estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

El expediente incluye a Maxy Montilla, Julio César Correa, Alexander Montilla, Messin Elías Márquez, Juan Alexis Medina, Rubén Montás, Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León, Radhamés del Carmen Maríñez, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel, Wacal Vernavel Méndez, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexis F. Tejada y Dileisi de Jesús.

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El expediente incluye a más de 25 empresas nacionales que dicen fueron parte del entramado, se solicita al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

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Además el Estado, Edenorte, Edesur y Edeeste, como actores civiles, piden evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que se deriven de esa suma.