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En su injusta crítica a República Dominicana sobre alegados maltratos a inmigrantes, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dejó fuera de contexto los riesgos inherentes que para todo Estado soberano conlleva la entrada masiva de extranjeros a su territorio, lo que de ordinario ha ocurrido hacia la parte occidental de esta isla Hispaniola con tendencia a superar la capacidad local de sostenerlos e integrarlos socialmente. Menos existiendo disparidades y conflictividad históricas.
Este país no puede renunciar, como tampoco lo hacen otros, a depurar los motivos de quienes arriban. Debe limitarse a reaccionar ante ellos en función de leyes propias, riesgos al orden público y capacidad para prestar auxilio sin abrirse a los peores efectos de una calamidad vecina.
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¿Se pretende acaso que a los huidizos haitianos, disuadidos de que la flota de guardacostas norteamericanos impide con rotundidad su aproximación siquiera a Florida, la República Dominicana les siga pareciendo un destino obligado? La selectividad de Washington en cuanto a inmigrantes sigue sencillamente implacable. Se reduce a cuotas hasta cuando quiere parecer accesible.
El hecho de que Haití tienda aceleradamente a hundirse en lo fallido bajo secuestro de bandas mejor armadas que sus policías no es motivo legal ni legítimo para que República Dominicana deba someterse a mandatos y criterios que lesionen su soberanía cuando lo que debe hacerse es atacar el mal en su propio origen: Haití
