La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana respalda el anteproyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos.

Solicita al presidente Luis Abinader decretar una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado, ya que permitiría salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.

Mediante un comunicado expresa su más profunda solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su firme apoyo a las organizaciones que las respaldan como la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Ciudad Alternativa, y Organizaciones de Derechos Humanos que han estado en la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, en una creciente crisis de desalojos forzosos en el país.

Puede leer: Más de 70 negocios fiscalizados y decenas de arrestos en operativo de seguridad

En el comunicado, exigen además, que el proyecto de ley incluya un mandato para que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, desarrolle programas específicos de viviendas sociales para los desalojados, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien a los afectados y al medio ambiente.

Este esfuerzo legislativo, precisa, representa una oportunidad histórica para resolver un problema que afecta a miles de familias dominicanas, especialmente a las más vulnerables.

Un derecho humano

Señala que el derecho a una vivienda digna no es solo un principio constitucional, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido y defendido en todos los niveles del Gobierno.

Reconoce los méritos del proyecto de ley porque propone reglas claras y equitativas para los desalojos, priorizando la protección de las comunidades establecidas y las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, considera que se pueden introducir mejoras para asegurar que esta ley cumpla plenamente con su propósito de proteger a los desalojados y prevenir futuras crisis.

Otras propuestas

Que el proyecto de ley incluya un mandato para que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, desarrolle programas específicos de vivienda social para las personas desalojadas, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien tanto a las personas afectadas como al medio ambiente.

Asimismo, que el proyecto de ley incorpore mecanismos formales de consulta y participación comunitaria en cualquier plan de desalojo, tras considerar que las decisiones sobre los desalojos no deben tomarse sin la participación activa de las personas afectadas, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.

Propone que el Estado garantice compensaciones justas a las familias desalojadas y asegure que el reasentamiento se realice en condiciones que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas.

Considera que el proyecto de ley debe garantizar que estas soluciones habitacionales alternativas no solo sean temporales, sino que contribuyan al bienestar a largo plazo de las personas.