El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en segunda lectura y a unanimidad, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, y lo devolvió al Senado de la República para que convierta la iniciativa en ley, con las 37 modificaciones, incluyendo la que eliminó el artículo 80, que permitía que el Ministerio Público decomisará bienes presumible ilícitos sin sentencia de un tribunal, con el solo procedimiento abreviado y un acuerdo con fiscales.

La segunda lectura pasó con 143 diputados. La primera lectura, el jueves, contó con 161 votos.

El proyecto que sale de la cámara baja transformó al que habían aprobado los senadores, ya que se le quitó la parte que establecía que la leía regía para el pasado con el principio de la irretroactividad. Cada una de las reformas varían aspectos fundamentales del nuevo proyecto, aprobado en una sesión que se prolongó por más de cinco horas.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, resaltó el esfuerzo de realizar una ley por consenso y destacó el equilibrio conseguido para salvar el proyecto que sancionó el Senado. Aunque reconoció la labor de los senadores en la comisión bicameral que hizo el informe modificado.

Artículo 80 tocaba una acción ilegal

Los diputados sacaron del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de la República Dominicana el artículo 80 por completo, que estaba contenido en la versión aprobada por los senadores, y el que los diputados consideraron “una aberración”.

Disponía que los ciudadanos entregaran sus bienes, presuntamente ilegal, solo con un procedimiento abreviado y un acuerdo firmado con un fiscal.

Esta parte sería posteriormente validación por un tribunal y sería interpretado como sentencia irrevocable. El propio presidente de la Cámara dijo que el artículo era una aberración. El párrafo uno del acuerdo establecía la homologación se oficiaría por sentencia del tribunal competente.

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El objeto de esta ley, pendiente de ser aprobada en el Senado, será regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución dominicana, establecer el procedimiento que permita hacer el instituto efectivo; definir las competencias y las facultades de las autoridades responsables de su aplicación.

Los diputados respaldaron los cambios del proyecto.