El Proceso de Quito, plataforma fundada en 2018 por trece países de América Latina en apoyo a los migrantes venezolanos, presentó hoy un balance de “buenas prácticas”, acumuladas, pero alertó de que falta ayuda para atenuar la crisis.

Este mecanismo intergubernamental promovido por Ecuador en 2018 se reunió en Brasilia a puerta cerrada y volcó en un documento las iniciativas adoptadas para atender a un éxodo que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “no tiene ningún precedente” en la región.

El documento cita a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), la cual calcula que en mayo de este año “había 5,1 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe».

Destaca además que, gracias a “avances recientes de las políticas en materia de regularización en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile o República Dominicana”, para fines de este año “el total estimado de refugiados y migrantes regularizados alcanzará los cuatro millones de personas».

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Se trata, en muchos de los casos, de personas que han recorrido “distancias físicas superiores a los 7.200 kilómetros a pie o por carretera, para llegar desde Caracas hasta capitales como Santiago de Chile o Buenos Aires».

El documento resume las mejores prácticas de acogida adoptadas por los trece integrantes del Proceso de Quito- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En ese capítulo subraya que la travesía de los venezolanos ha sido “aliviada” al menos en ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), que en conjunto ofrecen «206 estructuras para la recepción temporal».

En ese punto, hay una mención especial a la “Operación Acogida”, citada como “modelo” y que Brasil puso en práctica junto a agencias de las Naciones Unidas y organismos humanitarios en 2018, cuando se incrementó el flujo de venezolanos hacia el país.

Asimismo, valora que todos los países de la región han dado “prioridad” al “bienestar físico” de los migrantes, que “en su totalidad” han sido contemplados en los planes nacionales de vacunación contra la covid-19.

Según el Proceso de Quito, a pesar de los esfuerzos de los países receptores, los migrantes siguen expuestos a “riesgos y carencias» en los planos laboral, educativo y socio-económico, a las mafias “del tráfico y la trata de personas” y a brotes de xenofobia.

Asimismo, en la declaración final de la cita de Brasilia, se reafirmó “la necesidad de que se incremente el apoyo técnico y financiero internacional a través de un mayor compromiso por parte de los países donantes, instituciones financieras internacionales, actores de desarrollo y el sector privado».

Ese punto se justifica en el hecho de que el éxodo venezolano no ha cesado y se teme que aún se incremente en el corto plazo.

Esa demanda ya había sido planteada por la ONU, que esperaba para 2021 cerca de 1.440 millones de dólares aportados para un vasto plan de ayuda humanitaria por la llamada Conferencia de Donantes, pero finalmente recaudó sólo el 43 % de esa cifra.

El dedo en esa llaga lo puso en Brasilia el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Antonio Vitorino, quien en un mensaje enviado a la reunión instó a “la comunidad internacional a continuar solidarizándose con los migrantes venezolanos».

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En ese marco, Vitorino pidió “celebrar una nueva Conferencia de Donantes, que permita que puedan ser consolidados los importantes esfuerzos de los países receptores” de América Latina.

Según el diplomático brasileño Franco de Carvalho Neto, se debe “seguir apostando en la fuerza de la cooperación” y “trabajar con afinco para aliviar el sufrimiento y dar oportunidades a quienes lo necesitan».

El objetivo final, apuntó, es que “en el futuro próximo”, la tarea del Proceso de Quito sea “apoyar el retorno voluntario, digno y seguro de los hermanos venezolanos a su país, para reconstruir una patria democrática, libre y justa».