El gobierno se está autoacorralando en su propia ofensiva mediática.
La Semanal se ha convertido en camisa de fuerza al proliferar, semanalmente, anuncios de reformas diferentes; restando espacio para calmar inquietudes de la sociedad vía periodistas.
Nos saturan anunciando reformas que luego se mediatizan, como la constitucional por presiones de procuradores y legisladores.
El Gobierno se compromete cumplir plazos sin honrarlos. Ej.: reforma laboral.
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Demora imperiosa reforma fiscal, provocando nerviosismo e inhibición empresarial, perjudicial para crecimiento económico como acaban de advertir industriales.
(En la presentación del ministro de Hacienda ante la AMCHAR reiteró nuevamente su necesidad, sin precisar propuestas).
En la medida que el Gobierno luzca temeroso de reformar fiscalidad, sectores poderosos se empoderarán para exigir más privilegios.
Reforma administrativa anunciada comienza a diluirse.
Reconocen que no pueden cumplirla conforme expectativas creadas, al estar supeditadas a modificaciones legales, especialmente fusiones propuestas.
Fusiones que fusionan lo fusionado (CEA).
Fusiones que causan desganos, obstaculizando crecimiento.
Fusiones absurdas: Hacienda (administra urgencias financieras) con Economía (administra el importante reordenamiento económico), supeditando importancia a urgencias.
Fusiones que alborotan como se ha alborotado ADP ante fusión de ministerios educativos.
Autoridades conquistan simpatías inmediatas que luego neutraliza. Complace auditorio inmediato, concitándole simpatías pírricas que desvanece en breve espacio de tiempo. Congela puestos administrativos anunciando luego creación de consulados.
Funcionarios distraen atención con caricaturas mediáticas para ocultar negligencias ante problemas fundamentales. Mientras Intrant no resuelve taponamientos por semáforos, ejecutivos se entretienen encarando motoristas. Divulgando cámaras filmándose, montando bicicletas y patinetes.
El predominio mediático lleva a anunciar lo que no conviene al Gobierno y a quien lo divulga. Ej.: plan para bloquear celulares que operan en prisiones; admisión implícita que privados de libertad disponen de medios, legalmente impedidos para, incluso, dirigir operaciones ilegítimas. Un exceso de tolerancia y negligencia que sugiere complicidad autoridades-delincuencia.
Autoridades parecen confiar demasiado en percepción errada sobre nuestra memoria ciudadana. Creen que olvidarán lo anunciado. Pero la nación reclama que el cambio prometido sea liberado del mediatismo de tantos anuncios, inadecuadamente estructurados. Y den paso a ejecutorias esperanzadoras.