República Dominicana es uno de los únicos seis países de América Latina y el Caribe que mantienen una prohibición total del aborto. Los otros son: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Actualmente, el Código Penal de la República Dominicana establece sanciones de hasta dos años de prisión para las mujeres que se practiquen abortos, y de hasta 20 años para los médicos que realicen el procedimiento.

Esto a pesar de que investigaciones han demostrado que las sanciones penales no reducen la cantidad de abortos, aunque sí colocan en riesgo la salud y la vida de la mujer, debido a que obligan a realizar la práctica de manera clandestina, a que se utilicen procedimientos inseguros y que no se cuente con protocolos claros de actuación.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro puede implicar los siguientes riesgos para la mujer: hemorragias, perforación uterina y daños en el tracto genital y órganos internos, un aborto incompleto (no se retiran o se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios). Cuando estas complicaciones no se atienden de manera oportuna y eficiente derivan en la muerte de las féminas.

En el caso de República Dominicana, la práctica del aborto inseguro es causante del 10 por ciento de las muertes maternas, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública.
Conociendo esa realidad y, con el objetivo de garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, su libertad e integridad, la pasada administración vetó en dos ocasiones las reformas del Código Penal que mantenían la prohibición absoluta del aborto sin excepciones.

Y planteó la inclusión de las tres excepciones: cuando se ponga en riesgo la vida de la madre, cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida o cuando sea fruto de una violación o incesto.

Estas excepciones son un acto de humanidad y de respeto al derecho a la vida y a la dignidad de las mujeres.

Pese a su importancia, no se puede negar que es un tema en el que todavía hay mucha desinformación en la población y que hay intereses muy fuertes que cabildean para que se mantengan las enmiendas regresivas en el Código Penal.

Pero, vale la pena salir en contra de esos intereses. El PLD, especialmente sus legisladores, están frente a un momento histórico para demostrar nuevamente su compromiso con la protección de la vida de las mujeres y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos.

También para exigirle al Gobierno que pase del discurso a los hechos. Luis Abinader ha dicho públicamente que respalda las tres causales, pero el PRM tiene la mayoría congresual, el voto de este partido es elemental para que la iniciativa sea aprobada. Sin embargo, su primera opción fue evadir el tema.

Un aspecto importante que siempre se debe destacar es que las excepciones planteadas bajo ningún concepto pueden utilizarse como control de natalidad.

Estarán acompañadas de protocolos médicos de estricto cumplimiento de modo que la interrupción voluntaria del embarazo solo pueda producirse en las circunstancias tipificadas como excepcionales.

La despenalización del aborto no significaría obligar a nadie a interrumpir su embarazo, sino que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente.